España

Hacienda aún no ha denunciado a Aldama por las mascarillas mientras 'acosa' al novio de Ayuso

El escrutinio a la situación fiscal de Aldama y las empresas de la trama de mascarillas lleva más de tres años sin que haya denuncia de Hacienda

  • Pedro Sánchez y María Jesús Montero. -

Dos inspecciones que empiezan casi a la vez por un presunto fraude relacionado con negocios en la pandemia y una evolución muy diferente. El caso del novio de Ayuso sigue su curso sin dilaciones en los tribunales rodeado de filtraciones que implican a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno mientras que el escrutinio a la situación fiscal de Víctor de Aldama y las empresas de la trama de mascarillas en el Ministerio de Transportes ha superado más de tres años sin ni siquiera ser denunciados por Hacienda, lo que bordea la legalidad y puede tener consecuencias sobre la prescripción.

En abril de 2020, la Agencia Tributaria (AEAT) metió a Soluciones de Gestión, la empresa proveedora de mascarillas del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, en un plan de inspección de las devoluciones de IVA. Por aquel entonces, no consta que tuviera bajo vigilancia a Álberto González Amador. Según la denuncia de la AEAT contra la pareja de Ayuso que desveló elDiario.es el pasado 12 de marzo, el escrutinio comenzó en 2021 a raíz de las declaraciones presentadas que reflejaban un incremento exponencial de la facturación de sus empresas a partir de 2020. Ese ejercicio sus ventas se multiplicaron por más de seis, hasta 2,3 millones, según sus cuentas anuales. Pese a ello, ante Hacienda declaró solo 8.400 euros de beneficio.

En paralelo, Soluciones de Gestión, que estaba prácticamente inactiva, ingresó en 2020 un total de 54,5 millones de euros, frente a los 0 euros de facturación que declaró el año anterior y los 101.058 de 2018. 

En la primavera de 2021 la AEAT tenía ya conocimiento completo de toda la trama Koldo a partir de las declaraciones del IVA y el Modelo 347 de operaciones de proveedores y clientes del año de la pandemia que Soluciones de Gestión presentó en el primer semestre de 2021 y de numerosos requerimientos de información a terceros.

Como ha informado Vozpópuli, el inspector que firma este informe sobre Aldama, Raúl Burillo, constata en el informe explosivo que remitió al juez que "los importantes beneficios obtenidos en 2020, las contingencias fiscales claras que se producen y las dudas enfrentadas en el relato de los hechos por los propios partícipes suponen la necesidad de trasladar su contenido a un ámbito superior".

El 11 de julio de 2021, Pedro Sánchez cesó a Ábalos como ministro de Transportes, y el 13 de julio, como secretario de organización del PSOE. No ha habido más actuaciones del Gobierno o del PSOE hasta febrero de 2024, tras conocerse las actuaciones del juez, en concreto, hasta el día 27 de ese mes, en que el Partido Socialista expulsó a Ábalos.

La Operación Delorme arranca de la denuncia que presentó el PP de Madrid ante la Fiscalía de Anticorrupción el 10 de marzo 2022 y los primeros registros y detenciones se produjeron el pasado 20 de febrero y se hicieron públicos el 21.

El expediente perdido de Aldama

En la primavera de 2021 las dos causas debían de seguir un ritmo parecido, aunque la que afectaba a Aldama y la trama de mascarillas había empezado antes.

A partir de entonces no se sabe qué pasa con este expediente de Aldama. Burillo reveló el pasado 18 de noviembre en el Senado que estuvo más de tres años investigando a Aldama y a empresas vinculadas con la trama Koldo sin que se impute delito fiscal ni se haya denunciado. Preguntado por este asunto evitó hablar de nuevos informes.

El plazo de las actuaciones del procedimiento de inspección debe concluir en 18 meses con carácter general y en 27 en circunstancias especiales, según establece el artículo 150.1 y 2 de la Ley General Tributaria. En algunas ocasiones se habilitan 60 días adicionales, lo que eleva el montante a 29 meses. Nunca a tres años, según refrendan inspectores y asesores fiscales consultados por Vozpópuli.

Al menos la inspección a una de las empresas vinculadas a González Amador, Maxwell Cremona, relativa al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio de 2020 empezó en mayo de 2022, según elDiario.es. El pasado 5 de marzo, la Fiscalía Provincial de Madrid presentó denuncia en el juzgado tras recibir un informe de la AEAT con las conclusiones de una investigación iniciada dos años antes.

González Amador trató de regularizar su situación con Hacienda en julio de 2023, después de que las autoridades mexicanas confirmaran al Fisco español que allí no les constaba ninguna factura emitida a Maxwell Cremona por una sociedad de un supuesto socio.

El retraso en la denuncia de hidrocarburos

Con todo, el 26 de noviembre, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atribuyó a la AEAT la denuncia de la trama Koldo. Montero lo mantuvo en su comparecencia en la Comisión del Senado que investiga la trama Koldo en respuesta al senador de ERC Joan Josep Queralt, que lamentó que la AEAT no fuera quien denunció los casos Filesa Gürtel, pero no planteó quién denunció en el caso Koldo.

El senador Gerardo Camps, del Grupo Popular, blandió la denuncia del PP de Madrid y acusó a Montero de "mentir". La ministra de Hacienda se refirió entonces a la denuncia de la trama de hidrocarburos, que aseguró que planteó la Delegación de la AEAT en Aragón. Camps le corregió y le dijo que en esta comunidad está la unidad que investigaba a Víctor de Aldama por la trama Koldo, pero no la de hidrocarburos.

Cabe recordar que esta causa sólo se hizo pública por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 7 de octubre. Vozpópuli ha informado de cómo el Gobierno no activó las medidas contra el fraude de hidrocarburos en el paquete fiscal y que llevaban meses inactivas hasta la detención de Aldama. En Génova y en el sector flota la sospecha de que el Ejecutivo dilató la acción contra la estafa del IVA, a sabiendas de que estaba implicado el empresario

"En febrero de 2024" dijo Montero que conoció la trama Koldo, sólo cuando se produjo el registro del Ministerio de Transportes y la detención de Koldo García por la UCO a instancias del juez.

Hacienda y las filtraciones

A todo esto se añade el posible papel de Hacienda en la filtración del expediente del novio de Ayuso, que ha quedado difuminado por el protagonismo de la Fiscalía y del fiscal General del Estado, como ha informado este martes Vozpópuli. Y es que en la cronología de los hechos ha aparecido una nueva fecha: el 6 de marzo, día en el que uno de los testigos declaró haber accedido a la información fundamental del correo del 2 de febrero. El 7 de marzo es cuando se ha establecido que la Fiscalía General del Estado recibió la información de la Fiscalía Provincial de Madrid. La denuncia había llegado al Juzgado el 5 de marzo.

La primera información la publicó elDiario es el 12 de marzo a las 6.01 horas. En concreto, que la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla y una información que se basaba en la denuncia de la Fiscalía y que podía provenir de ésta, del Juzgado o de Hacienda.

La pieza desmenuza el informe del Fisco y llega a aportar correos con Hacienda de un empresario de origen mexicano llamado Maximiliano Eduardo Niederer González, que ejerce como nexo de dos de las compañías que habrían emitido facturas falsas a las empresas de Alberto González Amador. También daba cuenta de los interrogatorios de la Inspección de Hacienda a Niederer.

Montero se ha enfrentado además a dos querellas en el Tribunal Supremo -que no han sido admitiddas- sobre su posible revelación de datos fiscales al avanzar el 12 de marzo informaciones sobre el novio de Ayuso que se publicaron cinco horas más tarde en El País y elDiario.es. En cambio, sí analiza la demanda del novio de Ayuso contra la ministra de Hacienda, a la que reclama 40.000 euros en concepto de indemnización, por un presunto delito contra el honor, después de que esta no se presentase al acto de conciliación

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