La actividad inspectora se ha centrado este año en los sectores profesionales y grandes contribuyentes, después de que en ejercicios anteriores se hubiera enfocado en el ámbito inmobiliario y en el seguimiento de los billetes de 500 euros, áreas que la AEAT considera "agotadas" como consecuencia de la crisis económica.
La recaudación ha estado por encima de lo proyectado por la propia agencia, que no esperaba superar las buenas cifras del año anterior, en el que los ingresos de las actuaciones de prevención y control del fraude subieron casi un 24 %.
El Gobierno ha reconocido que esos 10.400 millones de caja, que suponen alrededor de una décima del PIB, ayudarán a apuntalar la consecución del objetivo de reducción de déficit público por parte de la Administración General del Estado, fijado en el 4,8 % del PIB para 2011.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Elena Salgado, no ha dudado de que se consiga esa meta y ha confiado en que las comunidades autónomas sigan haciendo esfuerzos para lograr también la suya (1,3 % del PIB), aunque no ha querido referirse a la posibilidad de que la Seguridad Social no consiga el superávit previsto (0,4 % del PIB).
Lucha contra el fraude fiscal
Salgado ha destacado los resultados "históricos" logrados por la AEAT, que desde 2005 ha recuperado 55.833 millones, más de la mitad sólo en los tres últimos ejercicios, años "adversos" en los que la crisis económica ha provocado una fuerte caída de los ingresos tributarios.
Ha hecho hincapié en que la negativa evolución de la economía es la única causante de que se recaude menos por impuestos, por lo que ha rechazado que se pueda deber a un incremento de la economía sumergida.
Aunque ha rehusado hacer un cálculo de lo que supone la economía informal en España, ha afirmado que los análisis que la sitúan por encima del 20 % del PIB "no tienen mucho fundamento y están absolutamente fuera de lo que podría estimarse".
No obstante, ha insistido en que hay que seguir haciendo esfuerzos para concienciar a la ciudadanía de la importancia de contribuir a las arcas del Estado. En este sentido, ha considerado que aplicar una amnistía fiscal para hacer emerger capitales no declarados sería una medida "injusta y echaría por tierra los esfuerzos de muchos años de trabajo de la Agencia Tributaria".
Del total recaudado contra el fraude en 2011, el importe procedente de las actuaciones de control creció el 10,6 %, hasta 9.400 millones, lo que supone el 120 % del objetivo presupuestado, ya que se habían planificado unos ingresos de alrededor de 7.500 millones por este concepto. Por el contrario, las regularizaciones voluntarias ingresaron 1.000 millones, el 35 % menos que en 2010.
De los 9.400 millones derivados de las inspecciones, el 26 % procede de grandes contribuyentes, en tanto que el 68 % de ese total se corresponde con fraude en el IVA y en el impuesto de sociedades. En 2011 la deuda media liquidada por contribuyente inspeccionado bajó de 250.888 a 221.000 euros.
Durante el proceso de control, la AEAT identificó 783 casos que fueron remitidos a la Fiscalía Anticorrupción al presentar indicios de delito fiscal, frente a los 938 que se enviaron un año antes.
Asimismo, la AEAT destaca que la crisis financiera ha provocado una falta de liquidez que ha elevado la petición de aplazamientos por parte de los contribuyentes, que al cierre de noviembre habían alcanzado 1,5 millones de solicitudes por importe de 14.400 millones, frente a las 1,4 millones de 2010 por un total de 13.900 millones.
