Hacienda ha cazado a un total de 302 falsos residentes en el extranjero, de los que ha recuperado algo más de 80 millones de euros desde 2021. Es el balance de una nueva herramienta que ha lanzado para facilitar la detección de falsos no residentes con patrimonios relevantes, cuando la Agencia Tributaria (AEAT) ha informado este jueves de que en 2023 ha facilitado la liquidación de 27,7 millones de euros sobre 136 contribuyentes artificialmente localizados en otros países, y para los que se ha determinado que realmente tenían residencia efectiva en España.
Hacienda anunció en 2018 la incorporación de una herramienta basada en análisis ‘Big Data’ para la detección de falsos no residentes con patrimonios relevantes, de la que empezó a obtener resultados en 2021, el año en que puso el foco en los falsos cambios de residencia de youtubers que dicen residir en Andorra.
Y precisamente desde 2021 el hermano de Pedro Sánchez pretende no ser residente fiscal en España, lo que la AEAT ha avalado en un polémico informe de 31 páginas en el que se trata de exonerar a David Sánchez de irregularidades y delitos fiscales y se realiza un análisis detallado e imaginativo sobre su residencia fiscal, sin firmar y sin membrete. Es lo que ha remitido el Fisco a la juez de Badajoz que investiga a David Sánchez.
La causa que se instruye contra el hermano del presidente del Gobierno ha puesto en un aprieto a la AEAT. Este periódico ha venido informando de que le iba a obligar a retratarse y a que se confirmara que no le había investigado.
El informe pasa por alto el incremento patrimonial del hermano de Sánchez durante la pandemia, de 1,5 millones, como avanzó Vozpópuli, mientras estaba de excedencia.
Y no ve problemático que el investigado sea residente fiscal en Portugal pese a ser empleado público y sólo recibir retribuciones de la Diputación de Badajoz, lo que ha causado estupor entre inspectores de Hacienda. El Fisco se enreda en un análisis del Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) entre España y Portugal para concluir que puede no ser residente fiscal en España.
Tampoco pone muchos peros a las donaciones que David Sánchez recibió de Pedro Sánchez Fernández, su padre, no suficientemente aclaradas.
La AEAT ha publicado los resultados de la lucha contra el fraude de 2023 este jueves, cuando se ha conocido que ha remitido a la juez que la inspectora regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín; el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño, y la delegada Especial de la Agencia Tributaria de Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez, fueron los encargados de realizar el informe, según ha avanzado El Español.
La juez que investiga a David Sánchez había reclamado al Fisco la identificación completa, cargo y firma digital del funcionario que emite el informe. Esto no le impidió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defender la "profesionalidad" del informe sobre el hermano de Sánchez en el Senado, que los inspectores se han negado a firmar
Se trata de las primeras declaraciones de Montero sobre el trato de Hacienda al hermano de Sánchez, en respuesta al reproche que le habían planteado por asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez vela por la igualdad de todos los españoles cuando el informe que la AEAT ha remitido a la juez avala su pretendida residencia fiscal en Portugal siendo empleado de la Diputación de Badajoz.
Y es que el Gobierno con el propio Pedro Sánchez a la cabeza ha elevado el tono en su tradicional mensaje en defensa de las subidas de impuestos y de la justicia social para justificar el cupo catalán.
Caída de los ingresos de la lucha contra el fraude
Los ingresos de la lucha contra el fraude ascienden en términos homogéneos a 14.712,3 millones en 2023, un 4,2% menos que los 15.362,2 millones de 2022, una cifra incluso menor a los 14.955,9 millones de 2021. La labor de control sigue sin recuperar los resultados anteriores a la pandemia, cuando en 2019 se ingresaron 15.700 millones.
Este indicador es problemático ya que esta sujeto a distintas circunstancias y su crecimiento continuado no tiene por qué significar que la AEAT haya sido más eficaz o esté realmente aflorando más fraude. La presión por ofrecer unos resultados siempre al alza lleva a Hacienda a ofrecer unas cifras engordadas con minoraciones de devoluciones e ingresos procedentes de autoliquidaciones extemporáneas. Este método arroja unos ingresos de 16.708 millones en 2023 frente a los 14.712,3 millones en términos homogéneos.
A esto se añade que Hacienda ha atribuido parte del crecimiento exponencial de la recaudación que se viene experimentando a una disminución del fraude que organismos como el Banco de España han vinculado al aumento del uso de las tarjetas.
El primer trabajo en cuantificar este efecto es ¿Se redujo el fraude fiscal y la economía sumergida tras la pandemia? Análisis a partir de la recaudación del IVA de Francisco de la Torre, director del foro de fiscalidad EsadeEcPol e inspector de Hacienda. Concluye que el porcentaje del consumo de hogares que tributa en el IVA creció entre seis y siete puntos sin que hubiese variaciones significativas de la normativa, algo que solo puede explicarse por afloramiento. Este incremento de las bases sometidas a control llevó a un aumento de la recaudación del IVA de unos 6.000 millones de euros anuales tanto en 2022 como en 2023.
El propio Banco de España ha bebido de este informe para cuantificar este efecto.
La AEAT también ha ofrecido un desglose de que en 2023 ha realizado un total de 44.776 actuaciones de control inspector relacionadas con grandes empresas, patrimonios relevantes, abusos de formas societarias y lucha contra la economía sumergida, un 13,7% más que el año anterior. Dentro de estas actuaciones, que consumen elevados recursos de alta cualificación, se realizaron 34.487 actuaciones sobre multinacionales, grupos societarios y empresas con facturación anual superior a seis millones de euros (+17,3%).
En el ámbito de la fiscalidad internacional de grandes empresas multinacionales, la Agencia Tributaria regularizó el pasado año bases imponibles por un importe de 2.925 millones de euros en un total de 87 comprobaciones inspectoras que realizaron la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y las demás delegaciones de la Agencia con el apoyo de la ONFI.
Por su parte, en el control destinado a aflorar actividad económica oculta, la Agencia realizó el pasado año 2.317 actuaciones inspectoras en las que descubrió ventas ocultas, regularizando cuotas por un importe de 466 millones de euros, un 7,1% más que el año previo.
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