Hacienda asegura a la juez de Badajoz que investiga al hermano de Pedro Sánchez que el informe que le remitió sin firma ni membrete a principios de agosto lo ha hecho la cúpula de la Agencia Tributaria (AEAT) en Extremadura, los tres altos cargos de mayor rango.
En un documento que ha enviado al Juzgado pretende que los autores son la inspectora regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín; el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño, y la delegada Especial de la Agencia Tributaria de Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez.
Es la sorprendente contestación que ha remitido al Juzgado este jueves, y que llega después de que la juez reclamara el pasado 2 de septiembre a la AEAT la identificación completa, cargo que ostenta y firma digital del funcionario que lo emite.
Esta firma a tres de los jefes de la AEAT en Extremadura ha causado estupor entre inspectores y fiscalistas a los que ha consultado Vozpópuli, y la atribuyen a que son los tres máximos jefes en Extremadura y pueden ser destituidos sin motivo y en cualquier momento.
Cabe recordar que el pasado 5 de febrero Hacienda cesó a los responsables del informe explosivo sobre la trama Koldo. El director de Inspección y la delegada Especial de la AEAT en Aragón fueron cesados tres días después de que el polémico informe entrara en el Juzgado.
Todo lo que rodea a este informe se sale de lo habitual. Primero, los informes que conocen los inspectores y fiscalistas consultados siempre llevan membrete y firma con NUMA, el número de la AEAT del funcionario. Los hace un actuario, no tres, y nunca los elaboran altos cargos. Creen que lo firman ahora porque no les ha quedado más remedio ante la insistencia de la juez y cuando el autor no ha querido rubricarlo. A la vez, el verdadero autor queda protegido.
Los tres firmantes han sido designados por un gobierno socialista. La delegada especial es una histórica de la AEAT y está en el puesto desde julio de 2011. La inspectora regional y el jefe de la dependencia regional han sido promocionados en 2022.
Aunque en un primer momento la jueza se dirigió a la delegada Especial en Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez, fuentes conocedoras creen que el informe ha sido tutelado en todo caso por la cúpula de la AEAT y los Servicios Centrales en Madrid.
Precisamente la cúpula de la Inspección en la AEAT está conformada por afines al PSOE nombrados tras el cese fulminante de los responsables del informe explosivo sobre la trama Koldo antes citado.
Las excusas de Hacienda
La juez Beatriz Biedma reclamó a Hacienda el 18 de junio un "informe" sobre su situación fiscal, incluidas sus declaraciones de la Renta, y datos sobre su residencia fiscal. Es decir, no reclamó una mera recopilación de datos del IRPF, que podría ir sin firma.
La juez quería saber si la residencia fiscal de David Sánchez está en España o en Portugal y, en caso de que estuviera en este último país, cuándo se realizó el cambio de residencia, y si "sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz".
Además, solicitaba las cinco últimas declaraciones de la Renta y pedía a la Agencia Tributaria que indicara si ve "algún indicio de delito contra la Hacienda Pública" y si "puede determinarse un incremento en su patrimonio que no sea consecuencia directa de sus ingresos".
Sobre esto responde el informe, pasando por alto el incremento patrimonial del hermano de Sánchez durante la pandemia, de 1,5 millones, como avanzó Vozpópuli, mientras estaba de excedencia.
Tampoco ve problemático que el investigado sea residente fiscal en Portugal pese a ser empleado público y sólo recibir retribuciones de la Diputación de Badajoz, lo que ha causado estupor entre inspectores de Hacienda, y se enreda en un análisis del Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) entre España y Portugal para concluir que puede no ser residente fiscal en España.
Ni pone muchos peros a las donaciones que David Sánchez recibió de Pedro Sánchez Fernández, su padre, no suficientemente aclaradas.
Que el informe no tuviera firma ni membrete no le impidió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defender su "profesionalidad" en el Senado, en sus primeras declaraciones sobre el trato de Hacienda al hermano de Sánchez, en respuesta al reproche que le habían planteado por asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez vela por la igualdad de todos los españoles cuando el informe avala su pretendida residencia fiscal en Portugal siendo empleado de la Diputación de Badajoz.
Y cuando el Gobierno con el propio Pedro Sánchez a la cabeza ha elevado el tono en su tradicional mensaje en defensa de las subidas de impuestos y de la justicia social para justificar el cupo catalán.
La Agencia Tributaria justifica que el informe fuera sin firma en que el oficio del juzgado no encuadró el requerimiento ni como informe de delito fiscal ni como auxilio judicial, por lo que se tramitó "como una petición de cesión de información no estructurada" regulada por el convenio de colaboración suscrito en septiembre de 2010 entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y Hacienda.
Desprestigio y doble rasero
A Ignacio Ruiz-Jarabo, inspector de Hacienda y ex director general de la AEAT, el informe le parece una "auténtica infamia. Lo es porque constituye una deshonra, un desprestigio y un deshonor para la Agencia Tributaria, institución responsable de vigilar el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias".
"De entrada, provoca sonrojo el exagerado sentido auto exculpatorio que rezuma el informe. Según se dice, hasta el requerimiento judicial David Sánchez no había sido objeto de comprobación alguna porque la Agencia Tributaria destina sus tareas de comprobación a la persecución de fraudes más complejos y sofisticados. ¿Qué pueden pensar los cientos de miles de contribuyentes españoles que son comprobados para practicarles liquidaciones tributarias por 1.000, 2.000 o 3.000 euros y sancionarles después?", se ha preguntado en una tribuna en este periódico.
"Como síntesis, cabe concluir que la Agencia Tributaria, tan dura, tan cruelmente dura con el común de los contribuyentes, se comporta blanda, inconcebiblemente blanda, si te apellidas Sánchez Pérez-Castejón".
A todo esto se añaden las explicaciones sobre por qué no iba firmado y la aparición de las tres firmas de altos cargos que no lo han realizado, lo que lleva a inspectores a lamentar que la "degeneración" que aprecian en las instituciones ya afecta a la AEAT.
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