Las aseguradoras privadas que ofrecen asistencia sanitaria a los beneficiarios de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para los próximos tres años, según han transmitido a Vozpópuli fuentes del sector.
El Ministerio de María Jesús Montero ha acordado con las aseguradoras una prima de alrededor del 10% para el concierto de asistencia sanitaria de Muface de los próximos tres años. Se trata de la segunda subida que propone el Gobierno tras el no rotundo de SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV a la primera propuesta de Montero, que apenas rondaba el 7%, cifra muy inferior a la que les transmitió el exministro de Función Pública, Miquel Iceta.
El exministro había dado su compromiso de llegar a una prima del 12% o 13% para los próximos dos años, un porcentaje muy superior al que ha comenzado negociando María Jesús Montero. La firma del concierto de Muface por una prima del 10% se produce 'in extremis' y deja, sin duda, mal sabor de boca en el sector asegurador.
Voces cercanas señalan que la pandemia de coronavirus ha tenido un importante impacto económico en las mutuas que dan atención en Muface, y esperaban una compensación para el nuevo concierto. Tampoco comparten que el concierto sea de tres años, aunque el Ministerio exponga que es para ofrecer estabilidad al modelo.
Las aseguradoras abogan por una revisión anual de la prima en base al IPC sanitario y al incremento de los costes sanitarios. En cuanto al IPC sanitario, se calcula que en los próximos años aumentará un 3%. Los costes sanitarios también aumentarán con el envejecimiento poblacional y la llegada de nuevas tecnologías y medicamentos. Además, en el caso de Muface, no está llegando un relevo generacional suficiente.
Este contexto hace muy difícil la rentabilidad de Muface para las aseguradoras, que han estado a punto de retirarse del convenio en esta ocasión.
Alarma en la sanidad privada
Muface es una pieza clave para la sanidad privada de nuestro país. La salida de Adeslas, Asisa y DKV del modelo provocaría un efecto dominó que golpearía, además de al sector asegurador, a los grupos hospitalarios privados.
De hecho, la patronal de la sanidad privada (ASPE) no ha tardado en emitir un comunicado: "Las condiciones deficitarias actuales de remuneración hacen insostenible la colaboración del sector privado en una situación de grave tensión entre las tarifas del concierto y los costes tanto de la provisión de material sanitario como del mantenimiento de los profesionales adecuados".
"El aumento de la edad media de la cartera implica un aumento de siniestralidad. Este hecho, unido al encarecimiento de la prestación y a la inclusión de nuevas prestaciones, dificulta la sostenibilidad del modelo dado que la siniestralidad se aproxima o supera el 100% en algunas ocasiones", continúa.
La Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) ha realizado un informe donde esclarece las consecuencias que tendría la desaparición de Muface. En él se expone que "ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año. Se trata de un dato incontestable extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita, en concreto 451 euros menos".
Por otra parte, de acuerdo con IDIS, el impacto que tendría sobre las compañías aseguradoras y sobre los grupos hospitalarios privados un cambio de modelo generaría entre 30 y 33 millones de euros menos de recaudación en concepto de Impuesto de Sociedades.
La negociación del concierto entre Gobierno y aseguradoras se produce una semana donde Muface ha estado en el foco después de que el socio del PSOE en la Moncloa, Unidas Podemos, presentase una PNL en el Congreso para que los nuevos mutualistas se integrasen directamente en la Seguridad Social, lo que supondría el golpe de gracia al modelo.
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