La Fundación Hay Derecho ha lanzado en redes sociales una recogida de firmas en contra de la futura ley de amnistía. Por el momento, la iniciativa cuenta ya con más de 53.000 firmas, cifra que sigue subiendo a nivel exponencial. El objetivo es llevar el debate al Congreso.
Pedro Sánchez ha claudicado ante las exigencias de Carles Puigdemont y le ofrecerá a los independentistas catalanes la ley de amnistía a cambio de la llave de la gobernabilidad de España. La reacción del Poder Judicial ha sido unánime. Jueces y fiscales han salido a la palestra para criticar los términos del acuerdo que entienden que "quiebra la separación de poderes".
La ciudadanía, de igual modo, sigue mostrando su descontento en las calles. Ya van más de cuatro días consecutivos en los que decenas de miles de personas se manifiestan contra el acuerdo de Sánchez con sus socios catalanes en toda España, además de varias noches de disturbios frente a la sede del PSOE en Ferraz.
La fundación ha compartido en su blog un editorial donde se suma a la condena del Poder Judicial al acuerdo de investidura del PSOE y Junts y exige que se respete la independencia de los órganos judiciales. Safira Cantos, presidenta de Hay Derecho, comenta a Vozpópuli los puntos más preocupantes de la amnistía de Sánchez.
La fundación defiende que el acuerdo ataca al Estado democrático de Derecho y del orden constitucional y que en el centro del relato queda plasmado que el objetivo es "superar la judicialización a través de la negociación y del acuerdo político". Un error fatal, según detalla Cantos, ya que las negociaciones "tienen que desarrollarse en el marco de la Constitución".
La amnistía "vulnera el principio de igualdad"
Asimismo, la presidenta critica que el acuerdo no responde al interés de los españoles y que la futura ley de amnistía "vulnera el principio de igualdad", al eximir a ciertos políticos de la obligatoriedad de cumplir la ley y someterse a lo dictado por la Justicia.
"Atenta contra la igualdad de los ciudadanos sin haberse abierto, además, un debate real sobre por qué sería necesaria una medida tan excepcional para avanzar en la convivencia. Eso no se ha justificado, solo se ha justificado en términos de obtención de votos para la legislatura", sentencia.
La abogada detalla que leyes de este tipo solo se pueden justificar como "medida excepcional" ante situaciones de transición hacia un régimen democrático, cuestión que no puede aplicarse a este caso. "Esta norma no está hecha para mejorar la convivencia, sino que está hecha desde el lugar de aceptar todas las exigencias", remarca Sadira Cantos.
Llevar el debate al Congreso
El carácter de excepcionalidad de la norma, defienden, es motivo suficiente para que el debate se traslade al Congreso. Por ello, la Fundación Hay Derecho pretende elevar esta recogida de firmas hasta el Parlamento, y que sea allí dónde "todos los grupos" puedan pronunciarse al respecto.
La plataforma denuncia también el señalamiento por parte del Gobierno al Tribunal Constitucional, "en particular a su sentencia del Estatut, "como origen del conflicto por haber preservado nuestra Norma Fundamental".
Al igual que las asociaciones de jueces, Cantos cree que el acuerdo "atenta contra la separación de poderes". El escrito firmado por PSOE y Junts hace referencia a la creación de comisiones de investigación parlamentarias sobre casos de "lawfare o judicialización de la política", que, además, podrán "dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
"Tales afirmaciones presuponen que en España hay persecución judicial por motivos políticos y pretenden situar la actuación judicial bajo la supervisión de órganos políticos", lo que considera "inaceptable" en un Estado de Derecho. Esto supone "una clara interferencia en lo que son las funciones del Poder Judicial", sentencia.
Una ley negociada a la medida de los beneficiarios
Además, la presidenta de la fundación mantiene que es "bastante grave" que se hayan negociado los términos de esta amnistía con los propios beneficiarios de la misma. La futura ley de amnistía "supone un paréntesis en la vigencia del Estado de Derecho", que libera a aquellos que infringen la ley de rendir cuentas ante la Justicia.
La fundación mantiene que en el marco de una democracia parlamentaria, "debe censurarse que la respuesta a cuestiones fundamentales para la ordenación territorial de nuestro Estado pretenda darse en foros de negociación bilateral entre partidos, sujetos a la revisión a través de un mecanismo internacional de acompañamiento y verificación, y no en sede parlamentaria".
Hay Derecho recuerda, también, en su editorial que el acuerdo con Junts abre la puerta a un "diálogo singular" con Cataluña sobre financiación que puede dar lugar a nuevos privilegios fiscales, vislumbrándose "de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual, en varias materias, entre las cuales se encuentra la materia financiera", como han advertido en un comunicado la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.
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