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Hermano de Sánchez: la jueza podrá acceder a las cámaras que muestren que no va a trabajar a la Diputación de Badajoz

El avance judicial anticipa una investigación en la que se podrá ordenar a la Diputación que aporte las grabaciones que muestren que David Sánchez no acude a su puesto de trabajo

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en una imagen de archivo. VP

La peculiar situación laboral, patrimonial y fiscal del hermano de Pedro Sánchez ha dado un vuelco al caer sobre ella el escrutinio judicial. La oposición ha fiscalizado su nombramiento a dedo por la Diputación de Badajoz desde que se produjo en julio de 2017, con Pedro Sánchez recién nombrado secretario general del PSOE, y el cerco se ha estrechado en los últimos meses ante nuevos movimientos de David Sánchez Pérez-Castejón y con la ayuda de revelaciones periodísticas.

El pasado 28 de mayo, Manos Limpias presentó denuncia en un Juzgado de Badajoz por presunto delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación y fraude, que fue registrada el 30 de mayo. Se dirige contra Sánchez, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y proclamado secretario general del PSOE de Extremadura el pasado marzo, y Alejando Cardenal, jefe de servicio de apoyo jurídico e inspección del área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación.

La denuncia y el avance que ha dado este viernes con la petición de información por parte de la jueza relativa a la comisión de investigación abierta en la Diputación y sobre la situación laboral de Sánchez anticipan una admisión a trámite y una investigación judicial en la que se podrá ordenar a la Diputación que aporte las grabaciones de las cámaras que muestren que David Sánchez no acude a su puesto de trabajo, como se viene denunciando.

La Diputación se ha escudado en que los altos cargos no fichan y redactó un breve escrito en el que un funcionario decía que "no constaba" que se le hubiera concedido el teletrabajo.

Sin embargo, la condición de teletrabajador le permitiría argumentar la dudosa residencia fiscal en Portugal que alega. Como ha revelado Vozpópuli, David Sánchez declara que no ha presentado IRPF desde 2021 "por no estar obligado" y pretende ser residente fiscal en Portugal.

El Gobierno admitió que tributa en Portugal: "Si no fuera Sánchez y fuera un periodista, sería ético. Sí es ético. Es que es legal, es un país de la Unión Europea". Así defendió José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, a David Sánchez Pérez-Castejón y confirmó las informaciones publicadas por este periódico.

Esta condición es cuestionada por inspectores de Hacienda y fiscalistas. No cabría que lo fuera siendo su única fuente de ingresos declarada una entidad española como es el caso aunque fuera una empresa privada. Pero es indefendible que lo sea por trabajar para el Sector Público, que debe retener IRPF.

La Diputación ha jugado al despiste. Su presidente declaró a Cope Extremadura que sí "cotizan" por él, lo que apunta a que no tributa en España pero sí cotiza para tener pensión. También dijo que no era de su "incumbencia" la situación de sus más de 1.000 trabajadores

El hermano del presidente del Gobierno no es un trabajador anónimo de la Diputación, sino una de las personas especialmente vigiladas por los Servicios Antiblanqueo. En concreto, los llamados PEPS (personas con exposición o responsabilidad política, miembros del gobierno y altos cargos de todas las Administraciones, entre otros) a los que el Sepblac, el Servicio Antiblanqueo que depende del Ministerio de Economía, controla.

Son objeto de un escrutinio constante de bancos, notarios, registradores, abogados y asesores fiscales, los sujetos obligados de comunicar cualquier indicio de blanqueo de sus clientes PEPS y de sus familiares de hasta segundo grado: padres, hijos y hermanos.

El objetivo es impedir que los familiares del político y alto cargo se conviertan en testaferros de éste. Rastrean si el alto cargo oculta dinero ilícito, es decir, blanquea, a través de un familiar, que puede presentar incrementos patrimoniales no justificados. El hermano del presidente del Gobierno podría ocultar patrimonio de otra persona. En su caso además él es alto cargo y debe ser objeto de vigilancia también por sí mismo.

El músico, cuyo nombre artístico es David Azagrase ahorra unos 76.000 euros en impuestos al ser residente fiscal en Portugal desde 2021, como ha desvelado Vozpópuli. El hermano menor de Pedro Sánchez, por tanto, no ha pagado ni el IRPF ni el Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a 2021 y 2022. Algo que se prevé que tampoco haga en la Campaña de la Renta de 2023, ahora en curso, a pesar de que cobra un sueldo público desde 2017.

Cobra 261.000 euros y eleva su patrimonio en 1,7 millones

El hermano de Pedro Sánchez declara un patrimonio de al menos dos millones de euros con un sueldo de 55.500 euros en 2023 de la Diputación de Badajoz, que preside el PSOE, sin actividades privadas por cuenta propia ni otras remuneraciones con cargo a Administraciones o empresas públicas. Tres inmuebles en Madrid, San Petersburgo (Rusia) y Elvas (Portugal), 63.880 euros en criptomonedas y 114.073 euros en depósitos en cuentas bancarias son algunos de sus bienes, entre los que destacan 1,4 millones de euros en acciones de BBVA.

En la pandemia, entre 2020 y 2021 estuvo doce meses de excedencia y a la vuelta su patrimonio se elevó en 1,5 millones, según el análisis patrimonial que ha hecho este periódico a partir de sus declaraciones.

El hermano de Pedro Sánchez ha cobrado de la Diputación de Badajoz 261.154,6 euros entre julio de 2017 y diciembre de 2023 y ha elevado su patrimonio en 1,7 millones con un sueldo de entre 48.000 y 55.500 euros.

En 2023, declara un "piso" en Elvas de 240.000 euros de coste de adquisición ese mismo año. Vozpópuli ha revelado que en realidad se trata de una vivienda unifamiliar de 425 metros, dos plantas, jardín, cuatro vestíbulos, tres cocinastres salas de estar, comedor, trastero y buhardilla en un edificio singular en el casco histórico de Elvas, según los planos de la reforma que ha emprendido a los que ha accedido este periódico.

Un estudio de arquitectura de Madrid consultado por este periódico valora la reforma en al menos 250.000 euros; es decir, en un montante similar o superior al coste declarado de adquisición.

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