Hubo un tiempo en el que las crónicas policiales hablaban de operaciones contra delincuentes en las que rara vez trascendía la identidad de los mandos. No era habitual saberse de carrerilla el nombre de comisarios e inspectores, mucho menos sus motes. Hoy ese pacto tácito ha saltado por los aires y los papeles se han invertido. Personajes como José Villarejo, Eugenio Pino o el Gordo, entre otros, protagonizan un escándalo por entregas que dibuja una época en las altas esferas de la Policía donde los sospechosos pasaron a llevar uniforme.
El presunto espionaje a Bárcenas es el penúltimo episodio de una investigación de mil cabezas que no para de crecer en la Audiencia Nacional. Esta subtrama del caso Villarejo cuenta con la particularidad de que afecta de lleno a los órganos de poder del Estado. Las llamadas cloacas policiales eran un concepto asumido mientras su hedor permaneciera en las alcantarillas. Pero la operación Kitchen ha puesto de relieve la existencia de prácticas parapoliciales con epicentro en la propia Dirección de la Policía durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy.
Para entender su origen es necesario remontarse casi diez años en el tiempo. El zapaterismo agonizaba ahogado entre crisis y recortes. La victoria del PP en las elecciones de 2011 se daba por hecha y hubo comisarios que empezaron a tomar posiciones para el relevo en la Policía, una institución acostumbrada a copar los puestos de responsabilidad con nombramientos de confianza. Paralela a la Gran Vía de Madrid, se extiende la calle Leganitos con sus comercios chinos, sus prostíbulos y una de las comisarías más activas de la capital.
De Leganitos a Miguel Ángel
En el número 19 de esa calle se ubicaba también la sede del Sindicato Profesional de la Policía (SPP), el de mayor éxito entre la escala de mandos del Cuerpo. Su responsable desde 2006 era un inspector llamado José Ángel Fuentes Gago. Su puesto lo había ocupado el propio Villarejo a comienzos de los ochenta. Por las modestas dependencias de la sede se dejaban caer comisarios como un tal Eugenio Pino, Marcelino Martín Blas, Santiago Sánchez Aparicio... Muchos de ellos se frotaban las manos ante el inminente cambio de ciclo político para hacer valer sus buenas relaciones con el Partido Popular.
Su contacto era, sobre todo, el diputado Ignacio Cosido, portavoz de la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados. En más de una ocasión le surtieron de información para sus esforzados duelos contra Rubalcaba en las sesiones de control al Ejecutivo. El ritual semanal en el que se convirtieron las preguntas a cuenta del chivatazo a ETA en el bar Faisán auparon a Cosidó en las quinielas a ocupar algún cargo relevante en el futuro. Se tuvo que conformar con el puesto de director de la Policía, por debajo de sus expectativas. Pero le dejaron elegir a su número dos.
Cosidó escogió a Eugenio Pino, una decisión que marcaría los próximos años y que nadie ve hoy de otra forma que un error. El pecado original. Pino procedía de los antidisturbios y desde muy pronto cobró vida propia y se hizo fuerte en su despacho de la calle Miguel Ángel, sede de la Dirección de la Policía. A Fuentes Gago le adjudicó funciones propias de jefe de gabinete. Marcelino Martín Blas asumió el departamento de Asuntos Internos, Sánchez Aparicio, el Chati, acabó de comisario general de Policía Judicial de la que dependen las investigaciones sobre corrupción política. Para ello hubo que cesar antes a tres comisarios en plena investigación por el caso Gürtel.
Los nuevos mandos coincidieron con otros comisarios que ya estaban allí. Uno de ellos era Enrique García Castaño, alias el Gordo. El día de la toma de posesión del nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la sala de prensa estaba abarrotada de corrillos. Hacían sus cábalas sobre nombramientos y destituciones. Nadie tenía dudas de que el Gordo permanecería intocable en su puesto tras ocho años de Gobierno socialista.
Soluciones rápidas a problemas engorrosos
Era el responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo, un departamento secreto integrado en las estructuras de Información encargado de controlar confidentes o facilitar dispositivos de escucha a las unidades investigadoras. Curtido en la lucha contra ETA, el Gordo era un profundo conocedor de los secretos de la seguridad del Estado muy valorado por sus superiores a la hora de aportar soluciones rápidas a los problemas más engorrosos.
El PP sí cesó en cambio al comisario José Luis Olivera, alias el Oli. En 2012 dejó de dirigir la UDEF, una unidad de élite creada en 2005 por Zapatero para ocuparse de las investigaciones de corrupción económica. Desde la oposición, los populares centraron sus críticas en la UDEF acusándola de ser una policía de partido al servicio de Rubalcaba. Con los años, Olivera hizo valer su capacidad de adaptación y acabó desempeñando puestos de la máxima responsabilidad bajo el mando de quienes al principio le destituyeron.
Las pesquisas que se siguen en la Audiencia Nacional han permitido conocer la estrecha relación que desde años antes mantenían García Castaño, Olivera y el omnipresente Villarejo. Eso a pesar de no compartir destinos en la Policía. Los tres estaban en la celebre comida del restaurante Rianxo en 2009 a la que se sumaron el juez Baltasar Garzón y la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado. De aquel año también son los audios en los que se escucha a Villarejo ofrecer a la dirigente del PP María Dolores de Cospedal los servicios de su amigo Olivera para boicotear el caso Gürtel.
Pino era como Dios en la tierra. Todos querían tener acceso a Pino porque luego quieren pedir cosas
Villarejo, Olivera y el Gordo no tardaron en ganarse la confianza de Eugenio Pino y su equipo. Los nuevos. Villarejo pasó a depender de la dirección adjunta operativa como agente encubierto, pero ni siquiera tenía despacho ni funciones concretas. El polémico mando, actualmente en prisión, acudía a diario a sus oficinas de la Torre Picasso de Madrid desde donde dirigía un conglomerado empresarial construido entre 1983 y 1993, años en los que estuvo de excedencia. Participaba al menos doce sociedades con un capital de 16 millones de euros, algo desorbitado para un comisario.
Cada uno en su ámbito, conformaban un grupo de poder dentro de la Policía. Se hicieron investigaciones paralelas a los tribunales como la Kitchen. También en torno al independentismo o a Podemos. Acercarse a ellos era aproximarse al poder, a destinos y embajadas bien remuneradas. También a medallas pensionadas. Basta algunas de las expresiones usadas estos días por los investigados en la Audiencia Nacional para entender aquella influencia.
“Pino para mi era como Dios en la tierra”, le dijo al juez el exjefe de seguridad de Cospedal, acusado de ser el encargado de captar al chófer de Bárcenas para hacerse con información comprometedora sobre PP. También admitió que buscó la protección de Villarejo para su hermano, también policía e implicado en el caso Emperador contra la mafia china. “Todos querían tener acceso a Pino porque luego quieren pedir cosas”, declaró su jefe de gabinete José Ángel Fuentes Gago. Él mismo acabaría destinado como agregado de Policía en la embajada de España en los Países Bajos a razón de un sueldo de 12.000 euros al mes.
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