El fútbol femenino español ha vivido el año más increíble de su historia. Pero también el más oscuro y turbulento. Desde el gol de Olga Carmona ante Inglaterra el pasado 20 de agosto, que cinceló el nombre de España en los libros de historia del fútbol femenino, han pasado tantas cosas que hemos perdido la perspectiva de la hazaña conquistada por las 23 futbolistas de la nacional.
El beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso desató un huracán mediático que ha terminado poniendo la RFEF patas arriba, abriendo las grietas de un ente, la Federación, que acumula décadas de oscuridad y malas prácticas en sus distintas presidencias. El infame lustro de Rubiales es solo una parte del estado en el que se encuentra el máximo organismo del balompié patrio.
La rebelión de las 15, previa a la gloriosa conquista de la estrella de campeonas, fue un fogonazo de todo lo que estaba por llevar. Aunque, inicialmente, las quejas de aquel grupo de futbolistas iba encaminado a cambios estructurales dentro de la parcela meramente deportiva, el 'caso' Rubiales no ha hecho más que destapar las miserias de un problema crónico y de difícil solución.
Sin embargo, desde la RFEF solo se han puesto parches a la enorme fuga de agua que tiene el navío. A la momentánea inhabilitación de 90 días por parte de la FIFA a Rubiales se suma la destitución de Jorge Vilda, algo que reclamaban las jugadoras desde hace bastante tiempo de puertas para adentro. Claro que, como ha sucedido con el ascenso al trono de Pedro Rocha, otrora vicepresidente de Rubiales, la Federación ha ascendido a Montse Tomé al cargo de seleccionadora nacional.
Una Tomé, segunda de Vilda desde hace años, que ha sido partícipe en la toma de decisiones (erróneas según las jugadoras) que el propio técnico ha llevado a cabo. No solo eso, sino que acentúa la línea continuista que proponen los mandamases de la RFEF con la subida de Rocha y la propia Tomé. La decisión no ha terminado de convencer al vestuario, que no ve el cambio de cromos con buenos ojos, especialmente cuando ella también aplaudió en la infame Asamblea.
Negociaciones en el fútbol femenino
Aunque pueda sonar disparatado, el 'caso' Rubiales no es el principal problema del fútbol femenino español hoy en día. Con la Liga F a punto de comenzar, los sindicatos han puesto en jaque a la principal competición tras semanas de negociaciones que han terminado en punto muerto. ¿Qué exigen a la patronal? Vamos a dar contexto a la situación para entenderlo todo mejor.
El 19 de febrero de 2020, se firmó el primer convenio colectivo en la historia del fútbol femenino español. Un enorme paso hacia la profesionalización del mismo. Conseguían darle forma al marco legal que, en adelante, iba a regular sus salarios, bajas, vacaciones y jornadas laborales.
La semana pasada, los sindicatos remitieron un escrito a el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) y al Ministerio de Trabajo para poner en su conocimiento la intención de convocar una huelga para las dos primeras jornadas de la Liga F, del 8 al 17 de septiembre de 2023.
¿La razón? Para empezar, reclaman aumentar el salario mínimo de las futbolistas a 30.000 euros brutos anuales, así como la eliminación total de la parcialidad laboral, que se encuentra en un 75%. Actualmente, el SMI de la Liga F está en 16.000 brutos. Aunque se lleva intentando cambiar el convenio desde julio de 2022, las últimas semanas de negociaciones entre Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, y sindicatos no han servido para nada. Las posturas están tan alejadas como cabría esperar.
Mientras los sindicatos aspiran a que los 30.000 euros lleguen en la temporada 2024/2025, llegando a los 20.000 euros con efecto retroactivo para la temporada anterior y 25.000 en la presente, la Liga F solo ofrece empezar en 18.000 y llegar a los 25.000. Cifras inaceptables para las jugadoras. Así, los sindicatos han confirmado que la huelga se va a llevar a cabo entre las fechas anteriormente citadas.
Además, a estas pretensiones hay que sumar un dato demoledor: la temporada 2021/2022 cerró con unas pérdidas por valor de 19 millones de euros. Todos los equipos presentaron resultados negativos, teniendo varios de ellos pérdidas de hasta un millón de euros. Para paliar esta sangría, llegó la venta de los derechos comerciales a través de la propia Liga F y la comercialización de los derechos televisivos.
Al no existir, de nuevo, un acuerdo entre las partes para gestionar los porcentajes de dichos ingresos entre Liga F y RFEF, el CSD tomó la decisión salomónica de otorgar a la RFEF el 75% de dichos beneficios, que hasta entonces iban directos a la patronal. Un agujero económico que explica bastante bien la situación actual. Amén de aumentar, también por decisión del CSD, de 4.050 euros a 14.600 el recibo arbitral que cada equipo local tenía que abonar en las diferentes jornadas.
La otra parte de esta problemática se encuentra en los derechos televisivos de la Liga F. DAZN se hizo con los derechos de la máxima competición femenina española pagando 35 millones de euros por las próximas cinco temporadas. El montante de los citados derechos comerciales ascienden a 42 millones. Y del dinero que el Gobierno aporta al fútbol femenino, un total de 22,5 millones, el CSD reparte 15 a la Liga F y el resto a los clubes para mejorar sus infraestructuras.
Todo esto ha creado una situación muy difícil para el fútbol femenino en la actualidad. Que la hazaña mundialista no tape ni deje de lado las verdaderas negociaciones que deben llegar a buen puerto por la salud del deporte balompédico. Tan importante es erradicar la corrupción y malas prácticas de la Federación como garantizar que todas las jugadoras de la Liga F tengan un salario y unas condiciones para vivir dignamente. Queda muchísimo camino por recorrer.
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