El nuevo Gobierno arranca con polémica desde el punto de vista social: el Ministerio de Economía plantea eliminar el subsidio por desempleo a aquellos ciudadanos que rechacen una oferta de trabajo o una formación mientras están apuntados en el Inem. Desde la aprobación por 'decretazo' de la reforma laboral del Gobierno de José María Aznar en 2002, esta cifra se sitúa en tres los rechazos permitidos: la primera vez se pierden tres meses de prestación, la segunda seis meses adicionales y la tercera se extingue el paro.
Una propuesta que ha causado el rechazo desde los sindicatos, pese a que Pepe Álvarez (UGT) se mostrase hace meses alineado con la propuesta de Economía. “Una persona que rechaza una oferta de trabajo, ofreciéndole formación y teniendo cualidades y cualificaciones para poder hacerlo, desde luego es una persona que si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo o IMV, el país debe replantearse si debe seguir cobrándolo o no”, dijo en una entrevista con El Mundo.
Desde Comisiones Obreras (CC.OO.) señalan a este diario que todavía es pronto para mostrar una postura. El único movimiento que han realizado ha sido redactar un comunicado exigiendo la convocatoria de la Mesa de Diálogo Social para abordar la situación. Una respuesta tibia si tenemos en cuenta lo que sucedió con el Gobierno de José María Aznar hace ya 22 años. Entonces, la reforma de los subsidios acabó derivando en una huelga general organizada por los sindicatos.
Desde el primer momento en el que se conocieron las intenciones del Gobierno en 2002, desde los sindicatos decidieron iniciar las presiones para que sus peticiones no se llevasen a cabo. Entonces, Aznar entregó a los agentes sociales la reforma redactada de forma conjunta por los ministerios de Trabajo, Economía y Hacienda. Estos le contestaron que las medidas eran "inaceptables", exigiendo de manera inmediata la retirada de la propuesta en su totalidad. En caso contrario, habría movilizaciones que culminarían en una huelga general, que acabó celebrándose el 23 de mayo de 2002. La respuesta del Ejecutivo fue aprobar las medidas por decreto. Una respuesta que contrasta con la de los sindicatos actuales, que aunque han reflejado que no están a favor, han utilizado un tono mucho más suave: tras el comunicado del martes, silencio absoluto.
Tras la huelga general en 2002, las movilizaciones continuaron de forma constante. Fue entonces cuando Aznar y su vicepresidente segundo de entonces, Rodrigo Rato, pidieron a los sindicatos que se reanudara el diálogo social para alcanzar un acuerdo. Después fue posible limar asperezas con Eduardo Zaplana, nombrado ministro de Trabajo en 17 de julio. Con él, José María Fidalgo, presidente de CC.OO. en aquellas fechas, cerró unas modificaciones del 'decretazo', consiguiendo así una victoria para el sindicalismo.
Cierto es que a diferencia del ejecutivo actual, donde hay una guerra abierta entre los ministerios de Nadia Calviño y Yolanda Díaz, en aquella legislatura había consenso. La líder de Sumar mostró ante los medios su "absoluta disconformidad" con la propuesta de Economía y reivindicó que las competencias de los subsidios eran de Trabajo y no del ministerio de Calviño. Pese a que Díaz confirmó con sus declaraciones que Economía estaba trabajando en una reforma de los subsidios y que se opone a ella, los sindicatos han decidido guardar silencio.
Pese a que la norma propuesta por Nadia Calviño es más dura que lo que en su día decretó José María Aznar - en ambos casos, justificando un incentivo en la búsqueda de empleo-, desde el sindicalismo han decidido no ir a una guerra abierta con el Gobierno, con quien le une una buena relación profesional y presupuestaria. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, dijo hace pocos días que Calviño "había hecho un trabajo magnífico" y que sería una gran pérdida en caso de tomar la presidencia del BEI.
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