Hungría se apunta al referéndum como herramienta legislativa. El presidente del país, Janes Ader, ha anunciado este martes que preguntará sobre si aceptar o no las cuotas de refugiados impuestas por la UE. Se trata, de llevarse a cabo, de una nueva vuelta de tuerca de Víktor Orban, el primer minsitro conservador del país, en su política de oposición frontal a Bruselas.
La cuota de refugiados por país fue aprobada por los 28 países miembros de la UE, por lo que el encaje de la medida anunciada por Hungría es algo más que controvertida: puede llegar a ser ilegal conforme a Derecho Comunitario. De llevarse a cabo, el referéndum se celebraría el día 2 de octubre de este año.
Mientras tanto, Hungría ha aplicado ya este mismo martes a 600 personas la nueva norma para trasladar a los refugiados al otro lado de las vallas fronterizas
Mientras tanto, Hungría ha aplicado ya este mismo martes a 600 personas la nueva norma para trasladar a los refugiados al otro lado de las vallas fronterizas, donde no reciben asistencia, una medida criticada como una forma de "devolución en caliente" que puede violar los derechos humanos y dificultar la petición de asilo.
Una reforma de la Ley de Extranjería, que entró en vigor a medianoche, faculta a Policía y Ejército a "acompañar" a quienes entren ilegalmente en el país, y sean interceptados en los ocho primeros kilómetros de territorio, al otro lado de las alambradas elevadas por Budapest en sus fronteras con Serbia y Croacia.
Al otro lado de las vallas, aún en suelo húngaro, los refugiados tendrán que solicitar asilo y esperar una respuesta durante días o semanas, en condiciones inhumanas, sin agua, comida ni servicios higiénicos. "Nos preocupa que la redacción de la ley deja demasiado margen de interpretación y que pueda dar lugar a violaciones de los derechos humanos de los migrantes por parte de las fuerzas de orden público, al expulsarles sin ningún proceso legal", denunció hoy en un comunicado el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hasta ahora, las autoridades trasladaban a los refugiados que habían entrado ilegalmente en el país bien a campos cerrados o centros abiertos, donde eran atendidos y podían solicitar asilo. Desde hoy, incluso si no se puede comprobar que los refugiados entraron ilegalmente en el país, serán llevados al otro lado de las vallas fronterizas.