La investigación penal abierta en la Audiencia Nacional por los encargos de Iberdrola a Villarejo está llegando a su punto álgido. La compañía, que se declaró en pie de guerra contra el directivo que denunció facturas falsas para pagar al Grupo Cenyt, ha vuelto a la carga contra él en pleno cerco judicial. Mientras el magistrado se prepara para interrogar a Ignacio Sánchez Galán tras su reciente imputación y fija ya la vista en la responsabilidad penal de la empresa, desde la compañía insisten en que José Antonio del Olmo está haciendo un uso "torticero" del caso y le atribuyen más delitos.
Iberdrola y su exdirectivo de Funciones Corporativas mantienen el fuego cruzado desde que la Audiencia Nacional comenzó a investigar estas contrataciones en octubre de 2019. La irrupción del testigo estrella de la causa acompañado de un informe que alertaba de un circuito de pagos irregulares alertó a la compañía. Desde la multinacional lanzaron una batería de acciones ante Fiscalía y los juzgados de Bilbao y Madrid que ahora, más de año y medio después, pretenden reforzar en su intención por demostrar que ese papel se creó 'ad hoc'.
Por ello acaban de solicitar al magistrado Manuel García Castellón que le impute también los delitos de falsedad documental y estafa. "Estamos ante un documento que jamás fue exhibido a personal alguno de la empresa, artificialmente creado por Del Olmo y los señores Marcos Pena y Ángel Zarabozo con fines claramente torticeros", razonan. Por su parte el exdirectivo, ya jubilado, se defiende alegando que él no sustrajo ningún material de la compañía y que aportó a la Audiencia Nacional lo que se le reclamó, de acuerdo con estos nuevos escritos a los que ha tenido acceso Vozpópuli.
La imputación de Iberdrola, en el aire
El cruce de reproches se produce en un momento especialmente delicado para la eléctrica. Esta pasada semana ha sufrido un gran golpe reputacional no solo por la imputación del presidente de la compañía y otros espadas (como el actual número dos Francisco Martínez-Córcoles), sino también porque el magistrado ya ha puesto el foco en la propia firma por su responsabilidad penal como persona jurídica. Las pretensiones de la vasca de figurar como perjudicada de Del Olmo y la petición de algunas acusaciones de imputarle en la causa provoca una situación, a juicio del magistrado, antagónica.
Según explica, en esta pieza existen en estos momentos un "conflicto de intereses" en relación a Iberdrola al entender que no puede figurar como víctima y verdugo de un mismo procedimiento. Por ese motivo ha preguntado a Anticorrupción para que se pronuncie sobre este escenario actual abriendo la puerta, eso sí, a dar carpetazo a la querella contra Del Olmo. De actuar en esa dirección, la intención de Iberdrola de ampliar la denuncia contra este directivo díscolo de Galán no prosperaría.
A falta de que Fiscalía dé su versión de los hechos, el magistrado ya ha dejado claro el camino por el que se dirige esta investigación penal. Lo ha hecho este mismo viernes al apuntar que existen "indicios" que podrían situarla en el "círculo de responsables penales de esta pieza separada". En la misma figuran como imputados Del Olmo y otros ocho cargos de la compañía relacionados todos ellos con los pagos que salieron de Iberdrola al entramado empresarial de Villarejo. De hecho, el propio Del Olmo pasó de testigo a imputado por su cometido como controller de estos pagos.
"Beneficio fraudulento y torticero"
Pese a que este exdirectivo insiste en que no filtró ningún documento a la prensa y que su informe lo llevó ante notario en 2004, los directivos de Iberdrola imputados en la causa apuntan en la dirección contraria. Juan Carlos Rebollo y José Luis San Pedro (jefe directo de Del Olmo en el momento de los hechos) razonan que el documento que denuncia operaciones triangulares para pagar los espionajes de Villarejo es falso. Apuntan además que todos los papeles que Del Olmo ha entregado a la causa coinciden con lo publicado en prensa, lo que a su juicio consiste en una apropiación indebida de documentación de la empresa que se llevó consigo cuando abandonó su cargo.
"Parece, pues, evidente que, tal y como se sostiene en el escrito de 27 de mayo pasado presentado por Iberdrola S.A en caso de que dicha documentación resultara ser falsa, no solo habría sido depositada notarialmente en su día, sino que habría sido posteriormente aportada, a conciencia de su falsedad, en las presentes actuaciones penales en beneficio fraudulento y torticero de los propios depositantes", añade el reciente escrito. Además aclaran que San Pedro jamás vio este informe ni fue alertado de supuestas facturas irregulares.
Los hechos se remontan a diciembre de 2004. Entonces Del Olmo redactó un documento interno en el que avisó que se estaban produciendo "actividades anómalas" en relación con el sistema de pagos al proveedor Cenyt. Según expuso, el entonces director de seguridad, Antonio Asenjo, le trasladó que iban a pagar al entramado del espía desde su departamento porque se trataba de un asunto confidencial. Del Olmo dejó por escrito que eran conocedores de los hechos el propio Sánchez Galán, además de Martínez-Córcoles y Fernando Becker (todos ellos recién imputados en la causa).
¿Presiones a Del Olmo?
La compañía, -que ha lanzado esta misma semana un mensaje de tranquilidad a sus empleados- buscó una primera aproximación con Del Olmo tras publicarse el informe en prensa en diciembre del año pasado. El exempleado dijo que en la reunión que se produjo entonces le presionaron para que no reconociera lo firmado 16 años atrás. Ese movimiento provocó las imputaciones de los primeros directivos, pero la causa siguió avanzando y apuntando a la cúpula por el conocimiento que tenían de estos contratos.
La pieza ha estado en standby los últimos meses a la espera de incorporar el último informe de Asuntos Internos. El documento analizó unas grabaciones relativas a Villarejo y Asenjo en las que el policía hacía alusión a Sánchez Galán, al que se dirigió con el nombre de presi o Don Ignacio. Sin embargo su jefe de seguridad siempre le ha desligado de estas contrataciones a juicio de Anticorrupción delictivas al gestionarse cuando Villarejo era un policía en activo.
Además de los audios, el instructor puso el foco en el sistema de pagos al entramado. El magistrado sostiene que parte de los 1,1 millones de euros abonados a Cenyt entre 2004 y 2011 se hizo mediante facturas con conceptos falsos y al margen del circuito legal. Asenjo defendió en sede judicial que se hizo así porque eran trabajos de inteligencia confidenciales pero el juez da credibilidad a Del Olmo y sospecha que Iberdrola empleó a su entonces proveedora de seguridad, Casesa, para abonar estos pagos y así no dejar rastro.
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