El caso Iberdrola-Villarejo sigue adelante tras la 'semana horribilis’ de la eléctrica. Terminada la ronda de interrogatorios al presidente Ignacio Sánchez Galán y otros directivos, el magistrado prosigue con esta investigación por los encargos a José Manuel Villarejo. En ese sentido recuerda a la compañía que puede impulsar su actuación contra el exdirectivo que denunció facturas falsas, José Antonio del Olmo, aunque considera que esta línea de actuación no debería tener cabida en este procedimiento por cohecho.
De esta forma da una de cal y otra de arena a la mercantil que, a día de hoy, figura como perjudicada en este procedimiento penal que se sigue en la Audiencia Nacional. Pese a la imputación de algunos de sus ‘espadas’ e incluso de una filial del grupo por estos contratos que se gestaron cuando Villarejo era funcionario policial, la multinacional vasca litiga a día de hoy como perjudicada. Y lo hace en contra del criterio del magistrado Manuel García Castellón que le retiró esta condición el pasado mes de julio.
El instructor explica en una providencia dictada tras el paseíllo judicial de esta semana, que Iberdrola, en efecto, tiene derecho a reiterar todas las diligencias de investigación que solicitó en julio contra José Antonio Del Olmo. Ahora bien, en su escrito –al que ha tenido acceso Vozpópuli- deja claro que estas pruebas que pide Iberdrola no son ni útiles ni necesarias para esclarecer los hechos que se investigan en el caso Tándem. Con todo, le reconoce su derecho a actuar contra este exalto cargo ya que así lo ha ordenado la Sala de lo Penal.
Cambio de criterio
Iberdrola inició una cruzada en los tribunales contra el exjefe de Funciones Corporativas después de que apareciera en el caso Villarejo un informe que redactó en diciembre de 2004 denunciando pagos anómalos a las empresas del policía. Del Olmo, que llevó el documento ante notario junto con un conjunto de facturas de Iberdrola, dijo que la firma hizo operaciones triangulares para pagar el primer espionaje del comisario jubilado sin dejar rastro. Habló entonces de una operación “confidencial” de la que estarían enterados, entre otros, el presidente Sánchez Galán y Antonio Asenjo, entonces director del departamento de Seguridad.
La multinacional vasca respondió negando la mayor. Dijo que en la sede de Bilbao nunca se encontró este papel y que, además, había cometido delito al llevarse documentos de la empresa sin su consentimiento. De este modo interpuso acciones en varios juzgados de Bilbao. Mientras uno de ellos siguió su cauce y ha terminado resolviendo a su favor, el otro envió el asunto a la Audiencia Nacional. Pese al criterio de Iberdrola, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao se inhibió en favor de la Audiencia asegurando que son "hechos conexos" al caso Villarejo.
De esta forma la querella terminó en manos de García Castellón hasta que en julio dio carpetazo al asunto al considerar que, de haberse producido alguna irregularidad por parte de Del Olmo, estaría prescrita. Iberdrola protestó alegando que no se había practicado ninguna diligencia de prueba en relación a un posible delito de falsedad documental y llevó el asunto ante la Sala de lo Penal, que ha terminado dándole la razón. Los magistrados consideran determinante que se esclarezca si el famoso papel que acorraló a toda la cúpula de Iberdrola es auténtico o si, por el contrario, pudiera estar manipulado.
Enemigo número 1
Máxime teniendo en cuenta que Del Olmo irrumpió en la causa como testigo estrella y declaró en varias ocasiones a puerta cerrada sobre este asunto, aunque luego terminó siendo imputado por visar las facturas que él mismo reportó como falsas. Como no podía ser de otra forma, su nombre salió a la palestra en los interrogatorios de los directivos de Iberdrola. Ni el presidente de Iberdrola ni otros directivos también imputados como Francisco Martínez-Córcoles (exdirector general de Negocios) o Fernando Becker (exdirector de Iberdrola España) dieron viso alguno de veracidad a su informe.
Todos ellos aparecen señalados por Del Olmo en este papel que se llevó ante la notaría de Luis Ramallo. Así, Martínez-Córcoles dijo que en 2004 no tenía nada que ver con la autorización de facturas en Iberdrola ya que en aquel momento era director de Generaciones. Sánchez Galán, por su parte, fue especialmente duro con su antiguo directivo asegurando que nunca, en todos estos años, denunció las supuestas irregularidades. Según razonó, podría haber acudido a su superior jerárquico o bien haberlo depositado en el buzón de denuncias, pero nunca dijo nada.
La puntilla se la dio el representante legal de Iberdrola Renovables. La firma, imputada por los pagos del último proyecto de Villarejo, negó contrato alguno al Grupo Cenyt y dijo que la factura que se abonó en 2012 era para pagar la oferta de unos servicios que nunca se llegaron a prestar. Al respecto recordó que la autorizó Del Olmo, resaltando que lo hizo muchos años después de denunciar ante notario este supuesto sistema irregular de facturación. Cabe recordar que este exdirectivo dijo que si no lo denunció en su momento fue por temor a represalias, pero siempre ha mantenido que en la compañía no se hacía nada que no conociera Ignacio Sánchez Galán.
Una versión que éste último ha rebatido desde su imputación en la causa el pasado mes de junio. En su cita ante el juez, que se produjo el pasado 18 de enero, delegó las contrataciones en el departamento de Seguridad y volvió a negar cualquier vínculo con Villarejo. De hecho, dijo que condena los espionajes porque él mismo fue víctima de uno de ellos. Según razonó así constaría en las agendas del comisario, donde anotó un almuerzo que mantuvo en una localidad de Zamora. El magistrado, por su parte, le instó a denunciarlo pero cuestionó que un jefe de seguridad tuviera potestad suficiente como para espiar a personalidades del calibre de Manuel Endesa o Florentino Pérez.
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