La cúpula de Iberdrola se prepara en el caso Villarejo. Los principales mandos de la compañía han recurrido a abogados de prestigio tras su reciente imputación en la causa de espionaje por los contratos de la eléctrica con el comisario. De este modo, el director general de Negocios, Francisco Martínez-Córcoles, ha contratado los servicios de Jesús Santos, un reconocido abogado del ámbito penal que ha llevado la defensa de las principales causas del Partido Popular en los últimos años.
El actual número dos de la vasca ha sido el primero en comunicar a la Audiencia Nacional el nombre de su abogado y proveedor, de acuerdo con una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Se trata de un trámite que también tendrá que cumplimentar el exdirector de Iberdrola España Fernando Becker, el que fuera jefe de gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo, y el presidente Ignacio Sánchez Galán.
El magistrado Manuel García Castellón les imputó a todos ellos por delitos contra la intimidad, cohecho y falsedad en documento mercantil. La diligencia se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción y tras una veintena de meses de investigación penal por los encargos de la eléctrica al Grupo Cenyt entre 2004 y 2016, años en los que el espía estuvo en activo dentro de la Policía Nacional.
Conocedor del caso Villarejo
Aunque Iberdrola no está imputada, desde el arranque de esta línea de investigación en octubre de 2019 se puso en manos de bufetes VIP como Garrigues, Uría Menéndez y el reconocido penalista José Ángel González Franco, entre otros. Siguiendo la estela de la multinacional, Martínez Córcoles ha apostado por otro prestigioso abogado que, además, ya se conoce las entrañas del caso Villarejo. Jesús Santos litiga en la pieza relativa a la investigación al BBVA, en la que defiende a Francisco González, y en la bautizada como Kitchen.
En esta última acaba de aterrizar tras la reciente citación como investigada de María Dolores de Cospedal por su presunta implicación en el espionaje ilegal a Luis Bárcenas. Con todo, es especialmente conocido en el sector por ser el letrado de referencia del Partido Popular. El otrora fiscal de la Audiencia Nacional y actual miembro del despacho Baker McKenzie ha representado a la formación que preside Pablo Casado en el reciente juicio por la reforma de la sede del PP y el que se celebró en 2019 por el destrozo de los ordenadores del extesorero. En esta vista logró la absolución de la formación.
Entre su cartera de clientes también se encuentran Emilio Saracho -al que defiende en el caso Popular junto con el acreditado letrado Carlos Gómez-Jara- o el magnate ruso Mijail Fridman, cuya imputación por la quiebra de Dia fue recientemente sobreseída. En este caso coge las riendas de la defensa del número dos de Iberdrola, el cual está citado a declarar el próximo 6 de julio, un día antes de que comparezca Sánchez Galán.
Proyecto Arrow
Aunque la imputación se ha formalizado esta misma semana, los investigadores llevaban tiempo estrechando el cerco en la cúpula por el conocimiento que pudieran tener de estos contratos que en total costaron a la eléctrica poco más de 1,1 millones de euros. Anticorrupción sospecha que todos ellos estaban al corriente de que el departamento de seguridad contrató a Cenyt como proveedor para diferentes servicios de espionaje, aunque en el caso de Martínez-Córcoles el foco está puesto en el primero de ellos, bautizado como proyecto Arrow.
El mismo se impulsó en 2004, año en que Sánchez Galán era consejero delegado y Martínez-Córcoles director de generación. Anticorrupción sospecha que tuvo conocimiento directo de ese cometido que consistió en frenar el boicot que estaba sufriendo la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera. El comisario jubilado puso la lupa en movimientos vecinales, asociaciones y los partidos del consistorio que estarían torpedeando la construcción de este millonario proyecto, el cual con todos los permisos de construcción.
El pago de las facturas
Los investigadores sostienen que para este encargo (por el que Iberdrola pagó poco más de medio millón de euros) Villarejo controló el tráfico de llamadas de sus objetivos y tuvo acceso a otros datos confidenciales. Sin embargo, en este caso el magistrado Manuel García Castellón no pone el foco en la posible revelación de secretos, sino en los pagos que se efectuaron desde la eléctrica. El instructor del caso Tándem sostiene que la compañía ocultó este trabajo a tenor de lo defendido en la causa por parte del que fuera jefe de Funciones Corporativas, José Antonio del Olmo.
El exdirectivo, ya jubilado, puso en jaque a la multinacional al aportar a la causa un informe inédito hasta la fecha y que habría llevado ante notario el mismo año de su elaboración, en 2004. De acuerdo con este documento, se habrían costeado parte de los servicios de este proyecto al margen del circuito legal. Del Olmo denunció en el escrito la existencia de "actividades anómalas" en relación a estos pagos ya que se habría empleado a Casesa (entonces proveedora de seguridad de Iberdrola) para costearlos.
Según plasmó en el papel y defendió hasta en tres ocasiones en calidad de testigo en la Audiencia Nacional, el jefe de seguridad le trasladó que Sánchez Galán le había ordenado unos trabajos de vigilancia especiales relacionados con Generación. El objetivo, según denunció, era que los pagos salieran de su departamento al tratarse de un asunto confidencial. "El trabajo a realizar es conocido únicamente por I.S. Galán, F. Mtz Córcoles, Fernando Becker y Antonio Asenjo", plasmó en el documento.
La compañía, que ya entregó en su día quince facturas y que insiste en que este documento no se encuentra entre todo el material analizado, reniega del testimonio de Del Olmo. Sin embargo, el instructor recoge en su reciente auto la versión de este exdirectivo (también imputado en esta pieza número 17) haciendo hincapié en que no incluyeron los conceptos reales y que se enmascararon los servicios. También recuerda que Casesa -cuyos directivos declaran la misma semana que Sánchez Galán- giró facturas al Grupo Cenyt en 2004 por importe de 337.560 euros, tal y como acreditó Hacienda.
