El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quiere dar un acelerón en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su propuesta, que ha trasladado a Pedro Sánchez y en la que está insistiendo en estos días, pasa por recuperar parte de la reforma que se congeló antes de Navidad y que planteaba modificar la votación para los miembros del CGPJ. El texto que respalda Iglesias contempla permitir la mayoría simple o absoluta, según se debata con el socio de gobierno, aunque reforzada con el apoyo de al menos cinco grupos, y después de que se agote un plazo establecido en el que las fuerzas políticas pueden ponerse de acuerdo por mayoría cualificada de 3/5. Iglesias se enfrenta de momento al no de Sánchez, preocupado por la reacción en Bruselas tras recibir varios avisos al respecto.
La renovación de los veinte miembros del CGPJ es un asunto estratégico para Unidas Podemos. Iglesias quiere penetrar en la estructura del Estado que le permite ejercer esa influencia real que percibe no tener. En diciembre, el vicepresidente y Sánchez pactaron ir de la mano en este asunto. Sánchez se comprometió a incluir a los jueces propuestos por Podemos como parte del bloque de gobierno.
La semana pasada, el PP intentó aislar a los morados de la negociación, pero Sánchez anuló el diálogo. El entorno de Iglesias está convencido que el PP maniobra para “reventar” el Gobierno de coalición, y así se lo ha hecho saber a Sánchez. En opinión de Iglesias el PP nunca tuvo la intención de llegar a acuerdos con el Ejecutivo para renovar el CGPJ, sino que está buscando una vía para debilitar dentro a la coalición. Por suerte para los morados, Sánchez ha resistido el primer asalto.
Temor a la reacción de la UE
Ahora se trata de ver cómo resolver la renovación del CGPJ, enquistada desde hace dos años. Podemos quiere avanzar con rapidez. Empieza a circular la idea de que el Ejecutivo difícilmente acabará la legislatura. Se trata de previsiones que apunta a un posible adelanto electoral en 2022, y una de las intenciones de Iglesias es abordar la reforma para tener a sus dos representantes en el CGPJ antes de que acabe el año.
Por ello, la única opción disponible es recuperar la reforma con doble mayoría (cualificada y, si se agota un plazo temporal, pasar a la absoluta o la simple) que según Iglesias puede satisfacer a Bruselas y obligar al PP a negociar. Sánchez planteó por primera vez esa modificación de la ley en el pasado mes de octubre, pero la retiró tras un alud de críticas y al menos una carta de la UE. Iglesias, sin embargo, le aconsejó "parar el reloj" (fórmula que utilizó el propio Sánchez), para tener ese as en la manga a disposición.
Podemos quiere llevar al PP a asumir que la reforma del CGPJ se hará sí o sí. El esquema sería el mismo que el de la renovación del consejo de RTVE, que se cerró la semana pasada. Fuentes moradas recuerdan que al PP no le quedaban otras opciones más que sentarse y hablar. Iglesias logró incluir in extremis a uno de sus periodistas de cabecera, José Manuel Martín Médem, afín al PCE de Enrique Santiago y cuyo nombramiento ha generado mucho malestar y críticas hacia el PP.
Choque con Sánchez
Frente a la propuesta de Iglesias, sin embargo, Sánchez titubea. El presidente considera un problema los avisos de Bruselas sobre esa reforma del CGPJ. Las críticas que el Gobierno recibe a nivel mediático generan preocupación y tensión. Es habitual escuchar a miembros del Ejecutivo quejarse (empleando términos despectivos) para hablar de cómo algunas televisiones y grandes cabeceras nacionales tratan a la coalición. Sánchez no quiere que Bruselas se posicione oficialmente en contra de su gobierno.
En la Moncloa creen que un aviso oficial de la Comisión Europea o un debate en la Eurocámara sobre la justicia en España aportaría municiones a la oposición, que a menudo describe al socialista como un presidente con pulsiones autoritarias. A finales de diciembre, como adelantó este diario, el Gobierno recibió el último aviso: “Es importante que cuando los Estados miembros reformen su sistema judicial, lo hagan llevando a cabo las consultas necesarias con todos los actores relevantes, incluyendo la Comisión de Venecia y la oposición”, lanzó la Comisión Europea.
Ese “choque” entre Sánchez e Iglesias sobre la reforma del CGPJ es uno de los escollos más importantes del Gobierno en este momento. Iglesias ha detectado que no se trata solo del ministro de Justica Juan Carlos Campo, sino que el propio Sánchez es reticente ante su propuesta. Por ello ha intentado convencer a Sánchez de que no existen vetos formales de Bruselas sobre la reforma. Iglesias fue parlamentario europeo entre 2014 y 2015, y sostiene que en la Unión Europea son muchas las voces que hablan y que se puede intervenir en los sectores más favorables al Ejecutivo. La semana pasada, el vicepresidente mantuvo una videoconferencia con el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, aunque se desconoce si abordó el tema del CGPJ.
En general, Iglesias intenta actuar con cautela. Pedirá a Sánchez que intervenga en asuntos troncales como las pensiones y los alquileres, y que desautorice a sus ministros para que se limiten a acatar el pacto programático firmado en enero de 2020. Mientras tanto, buscará penetrar en la "maquinaria del Estado" a través del CGPJ, después de afianzarse en RTVE. De eso Iglesias lleva hablando años con sus afines. Su lógica es que si Podemos no entra en el Estado, ningún proyecto político de cambio, ni revolucionario, tiene cabida. Este es el poder real que busca conquistar para que la entrada en el Consejo de Ministros no se convierta en un logro efímero.
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