El abogado que defiende al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el 'caso del ático' de lujo de Estepona, por el que también está imputado este exdirigente del PP, ha 'copiado' la estrategia de la formación conservadora en el 'caso Naseiro' para evitar que al menos tres pruebas requisadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el 'caso Lezo' puedan utilizarse en la investigación que desarrolla la juez Isabel Conejo, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona.
La juez trata de determinar si el ático de más de 500 metros cuadrados, y que González compró por 770.000 euros, es en realidad un pago del empresario Enrique Cerezo o del promotor inmobiliario Fernando Martín, imputado en la pieza separada de Arganda del Rey (Madrid) del 'caso Gürtel'.
El 'caso Naseiro' lo instruyó en la Comunidad Valenciana el juez Luis Manglano, que pretendió investigar en 1990 la financiación del PP, cuyo tesorero era Rosendo Naseiro. El magistrado obtuvo evidencias de la financiación presuntamente irregular del PP en unas grabaciones realizadas en el marco de una causa de narcotráfico en la que estaba implicado el hermano del concejal del PP Salvador Palop. Sin embargo, estas grabaciones fueron anuladas, ya que no habían sido obtenidas para investigar al PP. Las grabaciones fueron destruidas.
En Estepona, el letrado de la acusación de los extrabajadores de Telemadrid, Javier Carnerero, había reclamado tres documentos del 'caso Lezo', en los que se aludía a la compra del ático de lujo de Estepona (Málaga).
En concreto se trata de "13 hojas tamaño cuartilla con anotaciones referentes al asunto del ático de Estepona y otras cuestiones" y de "una nota impresa relacionada con la declaración de Ignacio González en el Juzgado de Estepona con anotaciones manuscritas", según consta en el escrito del letrado, que alude a documentación requisada por la UCO el 19 de abril pasado en una de las viviendas de González.
Carnerero también solicitó a la juez Isabel Conejo de Estepona que reclamara un tercer documento, en concreto un sobre con once folios que contenían "un requerimiento de la autoridad judicial en inglés titulado: Civil and Administrative Court número 5 of Estepona (Málaga)", que fue interceptado durante el registro de un edificio propiedad del exdelegado del Gobierno del PP en Ceuta Luis Vicente Moro Díaz.
Hallazgo "casual"
Sin embargo, el abogado defensor de Ignacio González en el 'caso del ático', Antonio Navas Martínez, considera que la juez de Estepona no debe reclamar a la Audiencia Nacional estos tres documentos, que según esta versión fueron hallados de forma "casual" durante los registros ordenados por el juez Eloy Velasco, al considerar que su utilización no estaría amparada por el auto de entrada y registro de la Audiencia Nacional.
"Cuyo contenido no es objeto de investigación en la causa donde se intervino, y no está amparado en resolución judicial habilitante, lo que sería motivo suficiente para no admitir la unión a este proceso, por su procedencia ilícita", resalta el defensor de González.
El letrado defensor sostiene que los documentos son "anotaciones personales que se encuadran dentro de la estrategia de defensa e íntima del investigado"
En el mismo sentido, el escrito del letrado Navas Martínez sostiene que los documentos son "anotaciones personales que se encuadran dentro de la estrategia de defensa personal e íntima del investigado, por lo que su contenido, de unirse a la presente causa, podría afectar, dependiendo del contenido concreto, al Derecho fundamental de defensa entre los que se integra el derecho a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo".
Además, el letrado destaca que el actual instructor del 'caso Lezo' en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, dictó el pasado 19 de octubre, una resolución en relación a la documentación intervenida en los registros que pudiera "afectar gravemente a la privacidad de las partes y deban ser excluidos de la publicidad general del procedimiento". Entre estos documentos se encontrarían las tres pruebas que reclama ahora la acusación de los extrabajadores despedidos en el ERE de Telemadrid.
"A dicha documentación ha tenido acceso la UCO de la Guardia Civil y hasta el momento no tenemos constancia de que hayan calificado su contenido como de interés para ninguna de las causas, ni la de Madrid, ni la de Estepona", argumenta el defensor de Ignacio González, que también recuerda que la Fiscalía Anticorrupción también tiene en su poder los documentos: "Y de momento no tenemos constancia de que haya solicitado la incorporación a ningún otro proceso, ni haya considerado de interés para ninguna investigación, aparte de la llevada en Madrid", completa el escrito.
Declara el lunes
Precisamente, el próximo lunes volverá a declarar Ignacio González en la Audiencia Nacional, aunque en esta ocasión no por el 'caso Lezo', sino en relación a la caja B del PP o papeles de Bárcenas.
González fue citado en relación a las conversaciones intervenidas, en las que también participaba el exministro Eduardo Zaplana, en las que se aseguraba que (Ildefonso de Miguel) le sacó una grabación a un empresario" -Rafael Palencia- diciendo que "le daban pasta al tesorero del PP Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy".
Según la grabación realizada por la UCO al expresidente madrileño, De Miguel le dio esa cinta al fundador del Grupo Intereconomía Julio Ariza -citado para el 18- y este "se fue a ver a Mariano a chantajearle". Un abogado del 'caso Gürtel' le dijo después que Luis Bárcenas le había contado que tuvo que negociar con Ariza "y que le soltaron pasta por esa puta cinta, para taparlo todo". Zaplana también está citado a declarar este lunes.
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