El Ministerio de Igualdad ha manifestado que desconoce aún con qué mecanismo las personas LGBTI se acreditarán ante el SEPE para obtener la prioridad que el proyecto de ley de empleo del Ejecutivo, actualmente en tramitación parlamentaria, plantea para dicho colectivo.
El ministerio "desconoce la propuesta actual para la recogida de estos datos", ha confesado en rueda de prensa la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez, tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad. El proyecto de ley en cuestión delimita en su artículo 50 los colectivos de de atención prioritaria para las políticas relativas al trabajo. Son aquellos "con especiales dificultades para el acceso y mantenimiento del empleo y para el desarrollo de su empleabilidad", para los cuales la ley prevé crear "programas específicos" destinados a fomentar su ocupación.
Las personas LGTBI se deberán "acreditar" de forma voluntaria
Si el proyecto prospera tal y como se ha planteado, las personas LGTBI -especialmente las trans- se incluirán en la categoría y deberán "acreditar" voluntariamente su situación personal, informa el Ministerio de Trabajo. El ministerio afirma que esto no supondrá una "marca" para estas personas o constará en su expediente. Para acceder a la atención preferente será necesario presentar documentos que justifiquen la situación que da preferencia al colectivo, como una sentencia por discriminación o una declaración responsable, entre otras fórmulas.
Por lo que respecta a la forma en la que se recabarán estos datos, Rodríguez ha subrayado que la información relativa a la orientación sexual de las personas es "de especial protección", por lo que "habría que aplicar un mecanismo muy cuidadamente detallado y trabajado" para recabarla.
Sobre la idoneidad de este mecanismo, Trabajo ha explicado que en el colectivo LGTBI puede haber personas "estigmatizadas" y con problemas de empleabilidad, por lo que "legalmente tienen derecho a ser protegidas contra la discriminación".
Desde Igualdad coinciden en la "necesidad" de políticas de "discriminación positiva" para mejorar la ocupación del colectivo y avanzan la importancia de trabajar con el Servicio Público de Empleo Estatal para desarrollar el mecanismo más acertado
