España

Cinco imanes detenidos en el último año por sus vínculos terroristas o por constituir una amenaza para la seguridad

Las detenciones de los imanes tuvieron lugar en Huelva, Madrid, Badajoz, Zaragoza y Cataluña; cuatro de ellos por actividades terroristas y otro por sus postulados radicales

  • La Guardia Civil detiene a un imán en una mezquita de Madrid

Cinco imanes han sido detenidos en 2023 por sus vínculos o actividades terroristas, o al ser considerados una amenaza para la seguridad nacional. Se trata de religiosos que, o bien predicaban de forma oficial en mezquitas, o lo hacían de forma oficiosa. De acuerdo a las investigaciones de los servicios de información, era habitual que difundieran proclamas yihadistas, tratando de captar adeptos para su causa, o defendían postulados que eran contrarios a los principios democráticos más básicos.

De los cinco imanes detenidos, cuatro fueron capturados en el marco de investigaciones antiterroristas. “La presunta radicalización de estas personas supone un peligro adicional por el liderazgo religioso que ejercen en sus comunidades”, apunta el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo en su Balance del Terrorismo en España 2023, un informe que recoge los principales hitos en la lucha antiterrorista y de la Justicia en todo territorio nacional.

Según el citado documento, la primera detención se produjo el 17 de junio de 2023, cuando la Guardia Civil capturó a un ciudadano marroquí que ejercía como imán no oficial en la mezquita de Lucena del Puerto (Huelva). Su radicalidad era evidente, toda vez que ya había jurado fidelidad al Daesh.

Después, en noviembre, la Policía Nacional detuvo a los imanes de dos mezquitas de Badajoz y Zaragoza, en el marco de una operación relacionada con la financiación de la milicia yihadista Jaysh Al Islam, sucursal de Al Qaeda en Siria.

Estas dos detenciones formaban parte de la segunda parte de una operación que tuvo lugar en 2021, cuando se capturó a tres individuos que enviaba dinero a una supuesta organización humanitaria, denominada Al Bashaer, la cual operaba principalmente en una zona de Siria controlada por las milicias yihadistas.

Los investigadores de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional consideraron que estos dos imanes, junto a otros detenidos, “no sólo pertenecían a la trama desarticulada en 2019 sino que jugaban un papel muy relevante en la misma”. Ambos líderes religiosos fueron puestos en libertad provisional con medidas cautelares.

El cuarto detenido, el pasado mes de diciembre, era un imán con una dilatada trayectoria en mezquitas de España. Había ejercido en templos de Irún (Guipúzcoa), Madridejos (Toledo) y Villaverde Alto (Madrid); de éste último fue expulsado por su radicalidad. “Daba clases de árabe a los jóvenes entre los que difundía mensajes pro yihadistas”, asevera el Centro Memorial.

El quinto imán

El último de ellos no fue detenido en el marco de una operación antiterrorista, aunque sí que se consideraba potencialmente peligroso por sus proclamas radicales. La Policía Nacional detuvo el 21 de abril al imán de la localidad catalana de Mollerusa, vinculado al grupo marroquí Justicia y Caridad.

“Esta organización no está considerada como grupo terrorista, pero los postulados religiosos que defiende entran en conflicto con las sociedades occidentales”, detalla el citado informe. La captura de este individuo se llevó a cabo con el objetivo de expulsarlo de España.

Según detalla el Centro Memorial, el Ministerio del Interior ha denegado la nacionalidad a algún solicitante vinculado a Justicia y Caridad al considerar que el objetivo fundamental de este grupo “es la instauración en Marruecos de un régimen islámico regido únicamente por la ley islámica” y que “la expansión de su mensaje entre el colectivo musulmán residente en España supone un riesgo de radicalización de esta comunidad y dificulta la integración de los musulmanes en la sociedad española”.

El del imán de Mollerusa no es el único caso. En 2022 las autoridades expulsaron a otro religioso afín a Justicia y Caridad que ejercía en la localidad de Talayuela (Extremadura). Se consideró que su discurso radical y su perfil representaban una amenaza para la seguridad y la estabilidad social. La expulsión fue avalada por la Audiencia Nacional.

“Aunque Justicia y Caridad no defiende el terrorismo, sus interpretaciones rigoristas de la religión dificultan la integración en las sociedades occidentales de los seguidores de estos predicadores y, en algunos casos, incluso, se ha producido el paso de alguno de sus seguidores a organizaciones yihadistas”, concluye el Centro Memorial.

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