El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción citar como persona jurídica investigada al despacho de abogados Herrero y Asociados por los pagos a empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiase a un bufete de la competencia.
Según informan a Europa Press en fuentes jurídicas, la representación legal del bufete está citada a comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 26 de septiembre, en la misma semana en la que lo harán otras dos personas jurídicas desde las que también se habrían instrumentalizado encargos al comisario: el BBVA (día 24) y la naviera Pérez y Cía (día 25).
Herrero y Asociados se investiga en el marco de la pieza separada número 2 de la macrocausa denominada 'Tándem', a partir de los audios y la documentación intervenidas a Villarejo y su socio en la empresa Cenyt, Rafael Redondo, cuando fueron detenidos en noviembre de 2017. La acusación popular que ejerce Podemos también había pedido que la mercantil fuese imputada.
En este caso, se trata del encargo que realizaron cuatro miembros del bufete a Villarejo para que averiguase si una serie de empleados que se habían cambiado al despacho de la competencia Balder IP les habían robado una base de datos y la estaban utilizando para quitarles también clientes. Además del espionaje, la encomienda incluía un ataque informático y en total, pagarían por todo cerca de medio millón de euros.
Los tres socios Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez y la directora del departamento de marcas externas, María Ángeles Moreno están ya siendo investigados por delitos de cohecho, dado que habrían sido conscientes de la condición de comisario del Cuerpo Nacional de Policía que ostentaba Villarejo cuando realizaron el encargo, así como de los medios ilícitos que utilizaría para ejecutarlo.
De hecho, uno de los audios intervenidos refleja una reunión en septiembre de 2013 entre Carpintero, Martínez, Villarejo y Redondo en la que "se hace referencia explícita a la utilización de técnicas ilegales de las que, en consecuencia, habrían tenido conocimiento los que participaron en esa reunión", tal y como resolvió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando ordenó al anterior juez instructor que siguiera investigando este asunto.
"Más ilegal que una patata"
"Tú sabes que esto es más ilegal que una patata", llega a decir el comisario jubilado en un momento de la conversación a uno de los socios del bufete, tras referirse a asuntos como que los datos fiscales que quieren en Hacienda no se los dan gratis o que a la gente que está siguiendo el tráfico de llamadas de los 'espiados' hay que "untarla" porque hacen "cosas delicadas".
En este sentido, la investigación apunta a que Villarejo habría recurrido a otros policías que prevaliéndose de su propio acceso a bases de datos policiales y empresas habrían recopilado la información que él necesitaba, como listados de llamadas telefónicas o movimientos bancarios.
Una decena de miembros del CNP están imputados por esta presunta colaboración que implicaría delitos de revelación de secretos. Entre ellos se encuentra el que fuese jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, a quien Villarejo habría encargado una serie de "gestiones", pues así lo denominaba en sus anotaciones, encaminadas a obtener información privada de los investigados.
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