Iñaki Urdangarin está buscando por todos los medios que se le exima de las dos acusaciones más sólidas que pesan contra él, y por ello, por medio de su letrado Mario Pascual Vives, habría planteado a la Fiscalía Anticorrupción la opción de entregar la cantidad defraudada de 337.000 euros, cifra que dejó de tributar en los ejercicios fiscales de 2007 y 2008, según publica este lunes el diario El Mundo.
Sin embargo esta estrategia del duque de Palma ha chocado frontalmente con el parecer del fiscal Pedro Horrach, quien se niega a aceptar este acuerdo y que además recuerda que el pago de esta cantidad defraudada no exime de la responsabilidad penal. En cualquier caso, Urdangarin, que ya ha obtenido el dinero y puede depositarlo inmediatamente en el juzgado de Palma, pone como condición el perdón para llevarlo a cabo. Es decir, que sólo pagará si se le asegura que será eximido de los delitos que le atribuye la Agencia Tributaria por haber utilizado Aizoon para evadir impuestos.
El diario recuerda que mediante este entramado la pareja habría defraudado 182.000 euros en 2007 y 155.000 en 2008, algo que Hacienda atribuye a Urdangarin al considerar que no pagó el IRPF por ingresos que debía haber percibido de forma directa y no mediante una sociedad pantalla, con la que obtuvo un tipo impositivo menor a través del Impuesto de Sociedades.
Estos delitos, confirmados por la Agencia Tributaria y por el momento inamovibles, son los que el duque de Palma quiere evitar a toda costa, y para ello han planteado una alternativa al fiscal: defiende que el fraude no lo habría cometido él sino las empresas que le pagaron a cambio de servicios inexistentes, como Altadis, Aceros Bergara, Pernod Ricard o el rupo Lagardère. En este sentido Hacienda dejó claro que quedaba acreditado el artificio defraudatorio ideado "con toda probabilidad por el perceptor, que las empresas pagadoras se limitaron a asumir pero que en ninguna forma les es imputable".
La propuesta del duque ha chocado con el planteamiento de Anticorrupción, que señala que está en su perfecto derecho de devolver el dinero no tributado pero que este gesto no supondrá la retirada de los delitos. El otro afectado por la causa, Diego Torres, ya ha depositado en la Agencia Tributaria 113.056 euros con el fin de regularizar parte de los expedientes que tiene abiertos.
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