El juez José Castro ha aceptado la petición de Manos Limpias para que se investigue si el matrimonio de Urdangarin, el de Diego Torres o el propio Carlos García Revenga se acogieron a la amnistía fiscal promulgada por el Gobierno. En concreto, el juez hace hincapié en conocer si el duque o la infanta Cristina pudieron beneficiarse de la medida aprobada por el Gobierno para regularizar fondos supuestamente evadidos u ocultos, según informa Europa Press. En la providencia Castro advierte de que pudieron haberlo hecho como personas físicas o a través de alguna de las empresas relacionadas con el Instituto Nóos.
Además, el juez instructor ha solicitado a Hacienda los datos sobre las cuentas bancarias y los depósitos de los imputados para poner en marcha el proceso de embargo de bienes, en relación a la fianza de 8,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a la que deben ahcer frente.
En la misma resolución, el magistrado ha admitido a trámite los recursos interpuestos por Urdangarin y Torres contra la caución, de forma que será más adelante cuando el magistrado se pronuncie sobre los mismos.
En lo que a la petición de Manos Limpias se refiere, la entidad, personada como acusación popular en la causa, solicitaba como medio de prueba que la Agencia Trubutaria acredite si todos ellos, al amparo del Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo, se han beneficiado de la amnistía fiscal "como personas físicas" así como por mediación de alguna de sus sociedades.
Más en concreto, Manos Limpias, se refería a las empresas Nóos Consultoría Estratégica, Intuit Estrategy Innovation Lab, Shiriaimasu, Virtual Strategies, Aizoon -de la que Urdangarin es copropietario al 50 por ciento junto a su esposa-, De Goes Center For Stakeholder Management, Blossom Hills, Instituto Nóos y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FCDIS).
Así las cosas, el sindicato busca conocer si tanto los anteriores imputados como la Infanta habrían procedido regularizar la situación tributaria de capitales ocultos o evadidos, amparándose en la anterior normativa, que contempla esta posibilidad a cambio de pagar un gravamen especial, quedando así los contribuyentes exonerados de cualquier penalización o sanción.
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