La Fiscalía ultima su escrito de acusación contra Iñaki Urdangarín en el que, a falta de algunos informes de Hacienda, se pediría una pena de cárcel de 17 años para el yerno del Rey como autor de tres delitos fiscales, además de malversación, fraude a la Administración y prevaricación. Aún en el caso de que hubiera un acuerdo de conformidad con Urdangarín, algo que por el momento no está ocurriendo, se pedirían 4 años de cárcel, con lo cual el yerno del Rey entraría en prisión en cualquier caso al superar la pena de dos años.
Según informa Colpisa, las acusaciones de Horrach no serán definitivas hasta que se celebre el juicio. La Fiscalía aún espera que Iñaki Urdangarin se avenga a colaborar, a confesar los delitos y a devolver buena parte de los seis millones de las administraciones balear y valenciana que el duque y su socio, Diego Torres, presuntamente se embolsaron de manera irregular. No obstante, esta esperanza choca con la realidad de que Urdangarin se ha negado a reconocer ni un solo delito y todas las aproximaciones de su abogado, Mario Pascual Vives, a Anticorrupción para cerrar algún pacto se han visto frustradas.
Delitos graves y contundentes
Se asegura que la pena mínima no podría rebajarse más porque los delitos son graves y las pruebas, contundentes. La acusación más grave es la de malversación, con penas tipificadas en el Código Penal entre cuatro y ocho años. Anticorrupción pediría unos ocho años si no hay pacto, porque la malversación de Urdangarin y Torres es de especial gravedad "por el valor de las cantidades y el daño producido al servicio público". En total fueron ocho convenios empresariales deportivos de Nóos con las comunidades de Valencia y Baleares, dirigidas en esos momentos por Francisco Camps y Jaume Matas, ambos del Partido Popular. Además, la acusación dirá que la malversación se valió de un constante flujo de facturas falsas cruzadas que se usaban para cobrar a Nóos con sus propias empresas por trabajos ficticios. El fraude a la administración está penado con entre uno y tres años. La Fiscalía también pediría el máximo (tres años) pues el presunto fraude se cometió en, al menos, 2004, 2005 y 2006.
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