El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha incorporado a la causa las diez últimas declaraciones de la renta del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, que la Agencia Tributaria (AEAT) ha entregado al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, si bien por el momento no ha unido al caso las de la Infanta Cristina a la espera de resolver los recursos interpuestos contra esta diligencia. Mediante una providencia a la que ha tenido Europa Press, el magistrado da cuenta de este modo a las partes de la documentación entregada por Hacienda, tras solicitar a la AEAT las declaraciones de los últimos diez años a petición del sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular. Una medida a la que se han opuesto tanto el Duque como su mujer a través de sendos recursos de reforma.
En la resolución por la que cursó la solicitud a Hacienda, el juez justificaba que el auto por el que imputó a la hija del Rey Don Juan Carlos tenía "plena vigencia" de cara a acordar nuevas diligencias de investigación en torno a la Infanta, por lo que nada impedía "que se puedan llevar a cabo las que "se estimen oportunas". No obstante, después de que la Audiencia Provincial de Baleares haya estimado parcialmente los recursos de apelación presentados contra el encausamiento de la Infanta, por lo que ha sido dejada sin efecto su citación como imputada en el marco del caso Nóos, el juez no tiene previsto adoptar por el momento ninguna resolución sobre la Duquesa de Palma hasta no tener notificado el reciente auto del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia.
Precisamente, en su última providencia, el juez reclama testimonio de la decisión adoptada por el tribunal, que a su vez dejaba las puertas abiertas a que la Infanta pueda ser investigada por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. En su auto, el tribunal advertía de que "no resulta posible ni aceptable investigarla indefinidamente", por lo que insta a Castro a poner término a las pesquisas relacionadas con la hija del Rey Don Juan Carlos "en aras de evitar mayores especulaciones".
En una extensa resolución, la Sala recalca incluso que ese cierre de la investigación constituye "no sólo una exigencia para los derechos que afectan a la Infanta como persona investigada", dado que "no es admisible mantener una investigación permanentemente abierta, sino que al mismo tiempo esta medida dotaría de "transparencia y posibilidad de control a la actuación judicial".
