España ha invertido en 2022 un total de 860 millones de euros en prevenir y sofocar los incendios, una cifra que resulta baja a tenor de los resultados que hemos visto en los últimos días. El resultado es la suma de los presupuestos aprobados por cada gobierno autonómico, ya que no existe, en España, una centralización de la lucha contra esta lacra que ya ha calcinado más de 122.000 hectáreas.
El Ministerio de Transición Ecológica y el reto demográfico es quien se encarga de la dotación de presupuestos desde el Gobierno Central, que aporta el 10% del gasto total de nuestro país con 85 millones de euros, aunque después, la lucha contra los incendios involucra a 12 de los 22 ministerios. El resto depende de la tendencia a sufrir incendios o la cantidad de superficie que ocupa la comunidad autónoma. Es por este motivo que las de mayor extensión suelen ser las que mayor dotación destinan a la lucha contra los incendios, aunque no siempre es así.
Por ejemplo, Galicia es la comunidad que más dinero destina a la prevención de incendios de España: un total de 180 millones de euros. Tiene un presupuesto ligeramente superior que Andalucía (175,1 millones) pese a que su superficie es casi tres veces menor.
No es el caso más sangrante, comparativamente hablando: Galicia casi triplica el presupuesto de Castilla y León (64,86 millones), pese a que posee un tercio de su superficie y prácticamente duplica a Castilla-La Mancha (95,2 millones), con un territorio 2,5 veces superior al que gestiona la Xunta. Lejos, muy lejos, queda Extremadura, una de las comunidades más afectadas por el fuego en este 2022: el ejecutivo de Fernández Vara tan solo dedica a esta tarea 33 millones de euros pese a que su territorio ocupa un 50% más que Galicia.
Otro ejemplo del bajo presupuesto que usan las comunidades autónomas es Cataluña. Pese a ser ligeramente superior a Galicia, invierte diez veces menos en prevenir incendios (18 millones de euros). Aragón, que es un 50% más grande, tan solo destina 34 millones de euros. En el lado opuesto encontramos a la Comunidad Valenciana, cuyo presupuesto es el segundo más elevado del país con 101 millones de euros.
En cuanto a otras comunidades con gasto contenido, tenemos a Cantabria (6 millones de euros), Baleares (7,7 millones) o La Rioja (6,4 millones). La Comunidad de Madrid, pese a poseer una superficie pequeña, gasta 42,1 millones, una cifra algo superior a la de Murcia (30,8 M).
Bomberos forestales, pero solo a tiempo parcial
Una de las principales críticas que reciben algunos gobiernos autonómicos es que no hay un cuerpo de bomberos forestales contratado todo el año. En Castilla y León, criticada por su propia Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales, dos tercios de la plantilla (subcontratada a empresas privadas en un 90%, según denuncian) trabaja solo en la temporada de verano. Desde la organización señalan que los preparativos para prevenir los incendios deben hacerse en invierno, con tareas como limpiar la vegetación o realizar un mantenimiento de los cortafuegos.
Desde la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCyL) señalan que "los incendios se apagan en invierno, con trabajos preventivos, podas y trabajos de silvicultura que nos permitan poder desempeñar nuestra labor en época de alto riesgo de incendio de una manera segura y más efectiva, mitigando así las consecuencias para el entorno natural y rural, esa parte del país que llaman la España vaciada".
Las migajas de Teresa Ribera
El Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico aporta como complemento a los presupuestos de las comunidades 85 millones de euros, un 10% del total, que se engloba dentro de la campaña estatal contra incendios forestales de 2022. Resulta una partida bastante baja si se tiene en cuenta que se reparte entre las distintas autonomías y que el presupuesto total que gestiona Teresa Ribera es de 8.934 millones de euros para 2022.
Esto significa que el ministerio solo dedica un 0,95% de su presupuesto anual para luchar contra los incendios forestales, pese a que en 2021 dejó de gastar 957,2 millones de euros que tenía en su poder, tal y como denunciaron el pasado mes la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.
Sin embargo, la ministra no dudó en destinar partidas presupuestarias muy superiores a otros destinos: 925 millones de euros para la transición hacia el coche eléctrico a través del Plan MOVES III o 100 millones para crear comunidades energéticas.
Para ser conscientes de los escasos recursos que dedica el estado, un dato: el Gobierno gasta más dinero en asesores y altos cargos (2021 fue récord, con 140 millones de euros de gasto), que en su propia campaña estatal contra incendios forestales de 2022, aunque bien es cierto que hay otros gastos no asociados al presupuesto, como el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuya acción depende del Ministerio del Interior. En España, en estos momentos, hay más de 1.000 soldados de esta unidad operando en distintos puntos de España para tratar de apagar los incendios.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación