El futuro del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, condenado por agredir a un agente de policía, es incierto. Pese a que este martes los morados han encontrado el respaldo de sus socios del PSOE en la Mesa del Congreso para mantener su acta de diputado —siguiendo el criterio de los letrados—, lo cierto es que su condición de parlamentario depende de que se posicione o bien la Junta Electoral Central o bien el Tribunal Supremo.
Mientras tanto, la oposición, con PP y Vox a la cabeza, ha avanzado un arsenal de torpedos para forzar a la Mesa a ejecutar la sentencia que, opinan, no lleva a ningún tipo de dudas: Rodríguez debe dejar de ser diputado. Los de Pablo Casado y Santiago Abascal, también Ciudadanos, han afeado a la Mesa, donde PSOE y Podemos tienen mayoría, que haya "interpretado" la sentencia en lugar de cumplirla.
El PP no sólo va a pedir la Mesa que reconsidere su decisión, también va a dirigirse al Supremo para informarle de lo que ha ocurrido y a la Fiscalía General del Estado para que pida al alto tribunal una aclaración de la ejecución de la sentencia que hasta ahora ha negado al considerarla lo suficientemente clara.
No obstante, el máximo órgano electoral en España no está obligado a pronunciarse y solo lo hará si considera que debe: o bien para despojar a Rodríguez de su escaño o bien para mantenerle. Los letrados del Congreso, una vez estudiada la sentencia, consideran que Rodríguez puede permanecer en su escaño pese a haber sido condenado a un mes y quince días de prisión.
El alto tribunal le penalizó con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pero acordó sustituir la pena de cárcel por una multa de 540 euros. Pero fuentes del Supremo citadas por Europa Press observaban "atónitos y perplejos" cómo el Congreso ha hecho una "reinterpretación" de la sentencia, ya que consideran que debe producirse la pérdida del escaño por ilegibilidad sobrevenida.
La sensación es que lo que ha librado a Rodríguez de no perder su escaño es la falta de claridad del Supremo
Y eso es a lo que se agarran los letrados: como el Supremo sustituyó la pena de privación de libertad por el pago de la multa, el caso de Rodríguez no incurriría en causa de inhabilitación. Fuentes de la Mesa, no obstante, explican a Vozpópuli que el Supremo todavía puede aclarar el futuro de Rodríguez, aunque lo ven poco probable. Y detallan que lo que ha hecho el órgano de Gobierno del Congreso es dar cuenta del informe que le remitió el alto tribunal.
El criterio de los letrados ha pillado a Podemos con el pie cambiado. La versión oficial de los morados ha sido celebrar "que se cumpla la ley", según ha desgranado el portavoz parlamentario, Pablo Echenique. Pero la sensación es que lo que ha librado a Rodríguez de no perder su escaño inmediatamente tras la sentencia es la falta de claridad del Supremo que reconocen las propias fuentes de la Mesa.
El lío sobre la autoría del informe
El Congreso ha sido este martes un campo de boxeo por el informe de los servicios jurídicos de la Cámara. Vox ha insinuado que ha sido la propia presidencia la que lo ha pedido, apuntando a una supuesta intencionalidad del criterio de los letrados a la hora de emitir un dictamen favorable a Rodríguez. Pero Podemos, a través del propio Echenique, ha corregido a los de Santiago Abascal en sala de prensa.
El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado que la decisión adoptada por la mayoría de la Mesa supone “una cacicada en contra del Estado de Derecho, la división de poderes y el prestigio de las instituciones”. Vox ha emplazado a Batet a explicar quién ha solicitado a los servicios jurídicos de la Cámara el informe. Según la formación, la presidenta del Congreso habría eludido responder.
Fuentes de la presidencia precisan que, aunque la Mesa puede solicitar informes específicos sobre cualquier asunto, cada uno que pasa por el órgano de Gobierno de la Cámara lleva adjunto un dictamen de oficio de los letrados. Y zanjan diciendo que ese ha sido el caso de la valoración de la sentencia que atañe a Alberto Rodríguez.
Desde Vox alegan que existe una diferencia entre las notas que habitualmente acompañan a los distintos temas a tratar y la elaboración de un informe en torno a una sentencia judicial. "Ha habido otras sentencias recientes sobre las que los servicios jurídicos no se han pronunciado. En este caso, los servicios jurídicos de la Cámara se dedican a revisar al Supremo”, critican.
Vox también sospecha de que el informe de los letrados no aparezca firmado. No obstante, fuentes de la presidencia de la Cámara precisan que "nunca lo van" y que se presentan con el aval de la secretaría general del Congreso.
