España

Indemnización histórica para un guardia civil: 200.000 euros por perder la movilidad de un brazo

Un conductor borracho agredió a este agente de Sevilla y las lesiones le obligaron a la jubilación forzosa

218.557,02 euros. Esa es la indemnización que tendrá que abonar un conductor borracho que agredió a un guardia civil de Sevilla. A consecuencia de las lesiones este agente perdió la movilidad del brazo derecho lo que le ha obligado a jubilarse anticipadamente. Es uno de los pagos más grandes de la historia del Cuerpo, según ha afirmado los encargados de su defensa, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

El secretario de Comunicación de AUGC, Pedro Carmona, ha celebrado este nuevo "triunfo histórico" de la asociación. "Demostramos una vez más la profesionalidad y liderazgo de nuestra organización en la defensa de los intereses de los guardias civiles", ha asegurado a Vozpópuli.

El suceso se remonta al 7 de diciembre de 2014. El agresor conducía un turismo con otros tres ocupantes sin permiso de conducir. Había perdido la totalidad de los puntos y, en esta ocasión, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

De esta forma llegaron a un control de alcoholemia y al ser requerido por uno de los agentes aceleró bruscamente de forma súbita e inesperada. Ante el riesgo de ser atropellados, los guardias civiles tuvieron que apartarse mientras que el conductor emprendía una huida a gran velocidad, saltándose los semáforos en rojo y poniendo en peligro la vida del resto de los usuarios de la calle.

El guardia tiene una jubilación forzosa

Dos agentes realizaron el seguimiento en un vehículo policial hasta que le alcanzaron, pero a la hora de la detención el hombre se resistió enérgica y violentamente. En el forcejeo, agredió a uno de los guardias civiles. El agente sufrió una luxación en el hombro derecho con necesidad de desplazamiento en ambulancia hasta el hospital más cercano.

Como consecuencia de los golpes, se le comunicó al agente que presentaba la “abolición total de la movilidad del hombro derecho”. Esto le ha ocasionado un calvario de dolores e intentos de recuperación en vano; declarándose la inutilidad del mismo brazo junto a la total incapacidad laboral. El guardia civil ha tenido que pasar a jubilación forzosa.

El tribunal no aceptó penas mayores

Casi ocho años después, el autor de la lesión invalidante ha recibido su condena en firme. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla ha fallado que deberá asumir las consecuencias por cuatro delitos. Por el de conducción etílica tendrá que abonar una cuota diaria durante 6 meses, por el delito de conducción temeraria cumplirá una pena de prisión de 6 meses, por el de resistencia 5 meses más de prisión y por el de lesiones otros 6 meses de cárcel.

Además, ha quedado inhabilitado de ejercer el derecho a sufragio pasivo durante el tiempo de condena y no podrá conducir vehículos de motor ni ciclomotores durante un año y un día. El Tribunal no aceptó unas penas mayores.

En el lado económico, el individuo tendrá que asumir las costas del procedimiento e indemnizar al compañero con 218.557,02 euros por la lesión incapacitante. La cuantía base por la lesión era de 68.557,02 euros, pero el letrado de AUGC Sevilla, José Luis Ganfornina Falcon, solicitó un aumento de 150.000 euros por la gravedad, que el Juzgado estimó.

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Fallo judicial de la sentencia firme.

Según destaca en un comunicado la AUGC, dos socios de la “nueva asociación representativa” han elegido a Ganfornina, el abogado de la asociación, para que se ocupe de una demanda. Disponen de libertad de elección en su póliza, pero su asociación les impone la condición de que no trascienda que llevará el caso nuestro abogado. "Desde allí están más preocupados de la publicidad negativa que pudiera conllevarles que de acompañar y ganar a los compañeros en las demandas y consecución de sus derechos", advierten.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles destacanel valor de los servicios jurídicos, que son un "referente". La labor de la Delegación de Sevilla recae en el tándem que conforma el asesor jurídico-administrativo, Antonio García Pizarro, y el letrado, José Luis Ganfornina. 

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