España

El independentismo inicia una campaña para evitar que el Ejército regrese tras la crisis sanitaria

Uno de los principales escollos políticos a los que se ha enfrentado e Gobierno en esta crisis ha sido el despliegue en País Vasco y Cataluña; los independentistas plantean la disyuntiva de potenciar el presupuesto sanitario frente al militar

Los independentistas vascos y catalanes no quieren que las Fuerzas Armadas vuelvan a desplegarse en sus respectivas regiones. Les incomodan las imágenes de los militares llevando a cabo labores de desinfección y apoyo sanitario que se han llevado a cabo en las últimas semanas. Con la premisa de que “el Ejército no es bienvenido”, han activado los resortes para tratar de impedir que los uniformados reaparezcan en espacios públicos. La campaña se basará en el argumento de que los fondos destinados a las estructuras castrenses tendrían que terminar en arcas de la sanidad pública.

ERC, Junts per Catalunya y EH Bildu se unen en frente común para evitar que el Ejército regrese a País Vasco y Cataluña tras la actual crisis sanitaria. Critican el “protagonismo excesivo” que han tenido las Fuerzas Armadas en la actual pandemia y arremeten contra el Gobierno por utilizarlo con fines soterrados, principalmente de “propaganda”. El independentismo también acusa al Ejecutivo de “ponerse detrás de los uniformes militares”.

“Aprovechando su intención de salvar vidas, están intentando otras cosas”, aseveró el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu en la comparecencia de Margarita Robles el pasado lunes en la subcomisión de Defensa del Congreso. Y afirmó al Gobierno de recurrir a las Fuerzas Armadas para “visualizar el poder del Estado”. Miriam Nogueras, de Junts, afirmó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de “poner en valor al Ejército con un falso registro de utilidad”.

El discurso del independentismo

A día de hoy, las Fuerzas Armadas siguen llevando a cabo funciones de desinfección en Cataluña y País Vasco, principalmente en residencias de ancianos y en espacios dependientes de la Administración General del Estado. El objetivo del independentismo es que el Ejército se repliegue lo antes posible. De hecho, antes de la irrupción del coronavirus habían puesto en marcha una campaña para pedir su expulsión de sus respectivas regiones siguiendo la misma hoja de ruta que con la Guardia Civil y la Policía Nacional. El despliegue por la pandemia supone un paso atrás en sus expectativas.

El independentismo no quiere que se vuelva a producir un despliegue de esta envergadura y por eso basarán su discurso en la disyuntiva de dotar de más fondos a las Fuerzas Armadas o a la sanidad pública. Gabriel Rufián, de ERC, planteó este argumento en la misma subcomisión de Defensa. Agradeció la ayuda, pero pidió una reducción drástica del porcentaje del PIB que se destina a los diferentes Ejércitos.

Fuentes militares consultadas por Vozpópuli recuerdan que el presupuesto de Defensa del Gobierno de España es el segundo más bajo dentro de los países de la OTAN, con una inversión del 0,92%, y que parte del equipo militar -vehículos o aeronaves- está al límite de su obsolescencia. También afirman que los problemas de carencia de material sanitario se han producido en otros países de la Unión Europea, incluso en los que tienen mayores presupuestos para sanidad.

Problemas en el despliegue militar

Uno de los principales escollos políticos con los que se ha topado el Gobierno en la actual crisis sanitaria ha sido el despliegue militar sobre País Vasco y Cataluña. El Ejecutivo dio luz verde a activar las unidades militares el pasado 15 de marzo y rápidamente extendieron sus funciones por casi todo el territorio nacional; principalmente, desinfección de espacios críticos, vigilancia de infraestructuras y apoyo sanitario.

El despliegue se resistió en Cataluña y País Vasco pese a ser las dos regiones en las que, junto a la Comunidad de Madrid, la incidencia del coronavirus era mayor. Los militares no llevaron a cabo sus primeras acciones en estos territorios hasta el 19 y el 22 de marzo, respectivamente. El Ministerio de Defensa proyectó un plan suave de intervención. Primero llevó a cabo labores de desinfección en espacios cuya gestión dependen directamente del Gobierno central, como puertos o aeropuertos. Después llevó a cabo labores de desinfección o de apoyo sanitario en los lugares requeridos por las administraciones públicas.

Actividades, todas ellas, no exentas de polémicas. En el País Vasco, la oposición exigió a Íñigo Urkullu que recibiera a expuertas la ayuda de las Fuerzas Armadas: no entendían por qué el Ejército cambió sus planes a última hora de desinfectar el aeropuerto de Loiu para hacerlo en Cantabria. Al cabo de unos días, cuando la crisis era ya acuciante, los militares limpiaron este espacio y otros lugares públicos. Y en Cataluña, más concreto en Sabadell, hubo una fuerte polémica política por el hospital de campaña instalado por el Ejército de Tierra en el polideportivo, cuya apertura retrasó la Generalitat con argumentos logísticos y organizativos. Dos ejemplos de los rifirrafes que ha supuesto la irrupción del Ejército en ambas regiones.

El despliegue en ambas comunidades autónomas ha sido atípico, a tenor de lo visto en otras regiones. Apenas se han registrado actividades relacionadas con la patrulla o vigilancia de espacios públicos, más allá de los apoyos en puestos fronterizos. Navarra ha sido el lugar más sensible en el que se han llevado a cabo estos cometidos y los militares fueron recibidos con caceroladas en el Casco Viejo de Pamplona. Sortu, integrada en EH Bildu, también promovió una campaña en redes para pedir su expulsión de ‘Euskal Herria’… aunque para ello empleó por error una fotografía que se tomó en Alcañiz (Teruel).

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