Los jueces dicen "basta" a los ataques de un sector del Gobierno contra el Poder Judicial. En los últimos años, el CGPJ ha tenido que salir en defensa de la carrera ante múltiples acusaciones de prevaricación por parte de Podemos. Bien fuera por la instrucción del procés o por las condenas a miembros de la formación morada, los jueces han venido soportando críticas que cuestionan continuamente su actuación. Las últimas acusaciones de "machistas" y de "fachas con toga" a tenor de la ley del 'solo sí es sí', les lleva a plantarse y a reivindicar su independencia.
Jueces conservadores y progresistas y el propio CGPJ han salido en tromba a defender la actuación de los tribunales que están revisando a la baja las condenas por agresión sexual. La asociación de jueces mayoritaria de la carrera incluso pide la dimisión de Irene Montero. Su reacción se produce después de que miembros del Gobierno les acusen de no aplicar la ley debidamente. Primero fue Victoria Rosell la que habló de "Justicia machista", luego le siguieron la ministra de Igualdad y el diputado de la formación morada Javier Sánchez Serna, quien habló en un tuit de "fachas con toga".
Calificar a los jueces de machistas carece de toda justificación. En las democracias se cumple la Ley y esto es lo que ha ocurrido aquíPonente del informe del CGPJ sobre la ley del 'sólo sí es sí'
El telón de fondo del enésimo choque entre el Poder Judicial y el Gobierno es la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. La revisión de un goteo de sentencias en toda España a tenor de la rebaja contemplada en la norma ha puesto en la picota la gestión del Gobierno, que aseguró que este escenario no se iba a producir. Lo ocurrido ha llevado al CGPJ a repudiar una vez más los "intolerables ataques" contra los jueces y a recordar que el propio Consejo advirtió de las consecuencias en su informe del entonces anteproyecto de ley en febrero de 2021.
Uno de los ponentes de dicho informe (que se aprobó por unanimidad) fue Juan Manuel Fernández. En declaraciones a Vozpópuli, el vocal se pronuncia sobre esta situación para recordar que ya se avisó de los efectos que tendrían las rebajas en los delitos contra la libertad sexual.
"Las leyes tienen efecto retroactivo"
"Considero que las declaraciones que se han producido en las últimas horas calificando a los jueces españoles como machistas carecen de toda justificación y representan un enorme peligro al poner en duda ante la sociedad el correcto funcionamiento de la Justicia española. Una democracia ha de regirse por el Estado de derecho. En las democracias se cumple la Ley y un principio fundamental en el ordenamiento jurídico penal es que las leyes pueden tener efecto retroactivo cuando más beneficiosas para el reo. Esto es lo que ha ocurrido aquí", explica el vocal.
Juan Manuel Fernández fue uno de los tres ponentes del informe (junto con las vocales Roser Bach y Pilar Sepúlveda) que advirtió que la reforma en los delitos de agresiones sexuales suponía una reducción del límite máximo de algunas penas (como ocurre con el artículo 180 del Código Penal sobre las agravantes en estos delitos). Del mismo modo avisaron que ello implicaría la revisión de todas aquellas condenas en las que se impusieron penas máximas conforme a la legislación vigente.
La previsión del CGPJ se ha materializado en las últimas horas, donde tribunales de toda España han comenzado a revisar los fallos reduciendo sustancialmente en muchos casos las penas de prisión. En uno de los pioneros, dictado por la Audiencia Provincial de Madrid y al que tuvo acceso Vozpópuli, incluso se ordenó la "inmediata" puesta en libertad del condenado al rebajársele la condena de 2014 hasta los seis años y nueve meses.
Hablan las asociaciones de jueces
En las últimas horas le han seguido rebajas similares acordadas en audiencias provinciales y TSJ de Baleares, Galicia, Aragón y Murcia. En Barcelona, por su parte, se condenó con este nuevo marco legal días antes de que entrara en vigor la ley. Estos tribunales (compuestos en su mayoría por mujeres) dejaron por escrito en sus autos que la revisión se producía a tenor de la entrada en vigor de la ley estrella de Irene Montero. "Se establece una norma general que debe ser aplicada y es el efecto retroactivo de la norma penal más favorable", reza uno de dichos fallos.
Cuando el informe se emitió por el CGPJ se les llamó machistas, heteropatriarcales... No puede ser que cuando las consecuencias de tu ley no te gusta, eches la culpa a los juecesMaría Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura
Los duros ataques del Gobierno, que insiste en que los jueces no están interpretando correctamente la ley, han vuelto a generar un profundo malestar entre la carrera judicial. Las asociaciones de jueces, en declaraciones a Vozpópuli, reprueban las palabras de Montero y avisan que el nivel de indignación es muy alto. Ascensión Martín, portavoz de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, dice no entender "las críticas sin razonamiento jurídico".
"Es una huida hacia adelante"
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, denuncia que se ha obviado que el artículo 2 del Código Penal que obliga a revisar las condenas cuando se produce una reforma que puede ser más beneficiosa para el condenado. "Con estas manifestaciones únicamente se daña a las instituciones y se puede quebrar la confianza de las víctimas en el sistema", denuncia y añade: "Lo que no puede ser es que cuando las consecuencias de una ley no te gusta, eches la culpa a los jueces". Por ello, solicitan la inmediata dimisión de Irene Montero.
Misma petición formula Foro Judicial Independiente. Su presidente, Fernando Portillo, incide en la línea del resto de asociaciones y recuerda que los jueces están "obligados" por ley a revisar las condenas firmes cuando éstas son favorables al reo. "Lo que no es de recibo es el ataque generalizado al Poder Judicial cuando las cosas no salen como iban a salir. Estamos muy indignados. Este ataque es una huida hacia adelante. Estamos cansados de ser el muñeco de feria para la clase política", sostiene.
Los ataques de Podemos al Poder Judicial
Con todo, la intervención del CGPJ para frenar las críticas a los jueces no es nueva. La Comisión Permanente ha tenido que intervenir en numerosas ocasiones desde que se formó el Gobierno de coalición para defender la independencia judicial. El primer aviso al ala dura del Gobierno se produjo el 15 de enero de 2020, un día después de que Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo del Gobierno, cuestionara la actuación del Tribunal Supremo en la causa del procés.
El órgano de gobierno de jueces emitió un inusual comunicado en el que le pidió "responsabilidad institucional" y que evitara cuestionar la independencia de la Sala Segunda del alto tribunal. Pese a lo poco comunes que son estas comunicaciones, la siguiente se produjo apenas unos meses después, el 23 de abril. En este caso se elevó el tono y se rechazó rotundamente las críticas que también Iglesias vertió contra el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras condenar a Isa Serra a 19 meses de prisión por una protesta ocurrida durante un desahucio.
Mismo escenario se produjo en agosto de ese 2020. En esta ocasión fueron las críticas al juez Juan José Escalonilla, instructor del caso Neurona, las que llevaron al Poder Judicial a pedir "respeto". A la lista de reproches se suma también el que formuló la actual líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, por la condena del exdiputado del partido, Alberto Rodríguez, en el Tribunal Supremo.
En octubre del año pasado, la ministra acusó al tribunal de prevaricar con su fallo. La Comisión Permanente se vio obligada a dar un nuevo toque de atención al Gobierno. "Merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones porque llega a atribuir la comisión de un delito a los magistrados", denunciaron. Se trata, pues, de una larga lista de comunicados al que desde este miércoles se añade uno más por los "intolerables" ataques sobre la polémica de con las condenas contra agresores sexuales.
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