El recurso presentado por los abogados de Cristina de Borbón para evitar que la infanta se siente en el banquillo de los acusados es un dardo directo al juez José Castro. El documento, según publica este sábado el diario El Mundo, considera que el juez comete “una ‘corruptela’ de la interpretación del ordenamiento jurídico”, ya que consideran que en el auto de apertura de juicio oral, Castro no podía incluir las medidas cautelares solicitadas para los procesados, entre ellos la infanta. Los abogados consideran estas medidas “recurribles” mientras que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que no se puede apelar al auto de apertura.
La defensa considera que Castro veda “la posibilidad de recurso”
La defensa cree que dado que no existe posibilidad de apelar al auto de apertura, Castro actúa en “fraude de ley” cuando establece la irrecurrabilidad de su auto bajo el amparo de la Ley. Los abogados argumentan en el auto que Castro veda “la posibilidad de recurso”, lo que “constituye una interpretación contraria a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa (al vulnerarse los principios de audiencia y contradicción) y a la propia coherencia sistemática del ordenamiento jurídico procesal”.
El diario explica que los abogados han solicitado a la Audiencia de Baleares que se pronuncie, aunque antes el juez Castro debe decidir si acepta el recurso a trámite. El magistrado podría dar a conocer su decisión la semana próxima, aunque los abogados de la infanta se reservan nuevas acciones judiciales, según exponen fuentes judiciales al medio.
Crítica al uso de la prensa
El documento argumenta además que Castro hace uso de “artículos periodísticos y votos particulares” para realizar “una creación libre del Derecho”, que según la defensa “contradice directamente lo señalado por el Pleno del Tribunal Supremo a propósito del delito contra la Hacienda Pública”, al no aplicar bien la ‘Doctrina Atutxa’ para justificar la acusación popular de Manos Limpias.
La defensa además critica a Castro al considerarlo muy versado en “publicidad institucional”, que consideran de un valor normativo para un juez “igual a cero”, ya que apela a “ciertos anuncios institucionales destinados a aumentar la conciencia fiscal de los ciudadanos españoles” haciendo una clara referencia a la doctrina defendida por el juez basada en la campaña de la agencia tributaria: “Hacienda somos todos”.
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