De los cientos de correos electrónicos que en los últimos meses se han incorporado al sumario del 'caso Nóos', sólo uno ha sido finalmente esgrimido por el juez José Castro en el extenso auto con el que el pasado martes imputó por segunda vez a la infanta Cristina. Se trata de un 'email' en el que uno de los empleados de Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, en el Instituto Nóos se ponía en contacto con el BBVA para pedir que se eliminara la identidad de la hija del Rey de la correspondencia que la entidad financiera remitía sobre la tarjeta de crédito Visa Oro que ésta tenía a su nombre con cargo a las cuentas de Aizoon SL, la empresa que compartía al 50% con su marido. El magistrado menciona expresamente en dos ocasiones dicho mensaje como prueba clave de que Cristina de Borbón supuestamente conocía el origen ilícito de los fondos de los que se nutría la mercantil del matrimonio y de que, pese a ello, los utilizó para realizar compras personales que luego la pareja se desgravaba en el Impuesto de Sociedades irregularmente.
El correo electrónico fue enviado en octubre de 2006 por el gerente del Instituto Nóos al BBVA para que la entidad financiera eliminara el nombre de la hija del rey de la correspondencia referida a la tarjeta de crédito
La primera referencia en el auto a dicho correo electrónico, que había sido entregado por la defensa de Torres el pasado 2 de septiembre, la realiza el juez Castro en el punto décimo de su escrito, en el que recoge los supuestos indicios recabados sobre la participación de la infanta Cristina en las irregularidades de Aizoon SL. El magistrado considera que la hija del Rey no podía ignorar el uso que de esta sociedad hacía su marido y, sobre todo, que parte de los fondos obtenidos por el Instituto Nóos de los gobiernos balear y valenciano era desviado a la mercantil que compartía la pareja. Como demostración de que la Infanta estaba al tanto de todo ello destaca los numerosos pagos "estrictamente personales" que los Duques realizaron con las tarjetas de crédito que tenían ligadas a las cuentas de la mercantil y que luego desgravaban como supuestos gastos de empresa, lo que podrían suponer un delito contra la Hacienda Pública, uno de los dos que imputa a Cristina de Borbón.
En este punto, el magistrado menciona expresamente el correo electrónico sobre la Visa de la hija del Rey, y que fue remitido el 2 de octubre de 2006 por Marco Tejeiro, hermano de la mujer de Diego Torres y gerente del Instituto Nóos, a una empleada del BBVA. En él, el integrante de la trama empresarial del Duque de Palma informa a los responsables de la entidad financiera de que "estáis enviando correspondencia de Visa de Aizoon SL a Diagonal 550 2º 2º de Barcelona [antigua sede del Instituto] a nombre de Cristina de Borbón y Grecia". Por ello, le pide "por favor" tanto cambiar la dirección de envío a la nueva donde habían instalado entonces las oficinas, situadas en el número 8 de la Avenida de les Corts Catalanas, como eliminar de las cartas la identidad de la hija del Rey. "Con poner el nombre de la empresa es suficiente, no hace falta que en el sobre se vea el nombre de la Infanta". El juez Castro destaca que la "recomendación" fue "cumplimentada inmediatamente" por la responsable del banco.
Urdangarin "se cuidó mucho"
Según Castro, este correo demuestra que la trama montada por Urdangarin "se cuidó muy mucho" de que su mujer "apareciera ante terceros como ajena a los movimientos de las cuentas de la Visa [de] Aizoon SL". Por ello, el juez considera que este correo apunta a que la Infanta sí estaba al tanto del origen del dinero que nutría el depósito bancario en el que se cargaban las compras realizadas con su tarjeta Visa de crédito y que, de hecho, "los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a don Iñaki Urdangarin Liebaert difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado".
El 'email' al que ahora hace referencia el juez Castro fue incorporado al sumario por el socio de Urdangarin el pasado 2 de septiembre
El mismo 'email' sobre la Visa Oro vuelve a ser esgrimido por el juez en el punto decimosexto del auto de imputación. En concreto, en el apartado con el que intenta rebatir los argumentos utilizados por la Fiscalía y las defensas de que si ella no conocía el origen ilícito de los fondos que utilizaba no habría cometido delito. El magistrado detalla media docena de sentencias del Tribunal Supremo y otras instancias judiciales para concluir que "es doctrina generalizada la inexigibilidad del dolo directo siendo suficiente con el eventual" para concluir que existe la responsabilidad de una persona en los delitos de la empresa de la que tuviera una participación relevante aunque sobre el papel no participara en el día a día de la misma.
En este sentido, el juez señala que "conviene no perder de vista" que la propia Cristina de Borbón "intervino de manera también directa" en la contratación irregular del personal para su servicio doméstico a los que se inscribió como empleados de Aizoon SL y que realizó "innumerables" gastos personales que finalmente eran cargados en la cuenta de la empresa y, por consiguiente, desgravados en el Impuesto de Sociedades. En este punto, vuelve a reproducir literalmente el correo remitido por Marco Tejeiro a la empleada del BBVA como prueba evidente de que la hija del rey fue "deliberadamente desatendida" de los movimientos de la cuenta de Aizoon donde se cargaban dichos pagos.
Ya el pasado diciembre la defensa de Iñaki Urdangarin quiso quitar relevancia a estos cargos realizados por la Infanta con dicha tarjeta de crédito con un escrito remitido al juzgado en el que calificaba los mismos de "ridículos". De hecho, la hija del Rey cargó a su Visa en Aizoon desde la compra de una canción en i-Tunes (0,79 céntimos) hasta un disco (7,99 euros), pasando por artículos de papelería (32,70 euros), cenas en restaurantes de Barcelona (El Jardí de l'Abadessa, 108,25 euros), peajes de autopista (15,90 euros) y habitaciones de hotel en Baleares (352 euros). Cantidades pequeñas que, sin embargo, tienen una gran relevancia para el juez, ya que considera que las mismas constituyen un nuevo indicio de que la Infanta disponía del dinero de la empresa de la misma manera que lo hacía su marido, lo que sugiere que pudo conocer el origen supuestamente ilícito del dinero con el que se pagaban las compras que hacía con la tarjeta de crédito.
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