Finales de enero, 8 de la mañana. La Policía Nacional ponía en marcha una operación que acabaría con la detención de 14 personas en una funeraria en Valladolid de nombre 'El Salvador'. Las pesquisas de los agentes apuntan a que la empresa incineraba a fallecidos en ataúdes más baratos que los que compraban las familias y los de mayor precio los volvían a poner en el mercado.
Según la investigación, que se inició en 2017, el cambiazo se producía cuando el féretro salía de la capilla ardiente y se dirigían al crematorio. Antes de prender el gas, de acuerdo siempre a los investigadores, sacaban el cuerpo de los ataúdes y los introducían en otros de menor precio. Las pesquisas se han podido desarrollar por las conversaciones telefónicas intervenidas a los acusados. Se calcula que podría haber hasta 6.000 ataúdes cambiados.
6.000 ataúdes, miles de historias
La madre de Paqui Morilla falleció el 19 de junio de 2018 a causa de un cáncer. Dos meses más tarde, el 6 de agosto, tuvo que volver al tanatorio, esta vez por su padre. Los dos tenían un seguro por deceso con Santalucía, que les recomendó hacer todo el trámite con la funeraria ahora investigada.
Las pesquisas de los agentes apuntan a que la empresa incineraba ataúdes más baratos que los que compraban las familias y los de mayor precio los volvían a poner en el mercado
“No conocíamos al dueño. Elegimos el sitio porque era con quien trabajaba Santalucía, porque tenía mejor aparcamiento para que llegase la gente, mejores condiciones…”, afirma. De la operación policial se enteró por las noticias, como todos. “Empezamos a hacernos preguntas, si podía habernos tocado a nosotros”.
Ella y su hermana recogieron las cenizas de sus progenitores. “Queríamos esparcirlas a la vez en un sitio que a los dos le gustaban”. Al abrir las urnas se dieron cuenta de que algo fallaba. “Los colores eran distintos, incluso las texturas”, recuerda entre sollozos por lo acontecido. “¿Qué han hecho con mis padres?”. Este es un caso más de las decenas de miles que se podrían recoger. No todos están preparados para hablar ante los medios.
Morilla no sabe cuánto costó incinerar a sus padres. El desembolso se hizo a través del seguro que tenían concertado. "Hemos pedido las facturas y no nos las dan. Dicen que no las necesitamos, que denunciemos y ya está".
Secreto de sumarios
El secreto de sumario baña, por el momento, todo el proceso judicial. Las informaciones se cuelan entre los vecinos gracias a los testimonios de los afectados en redes sociales. Se han creado varios grupos de Facebook cerrados donde cada uno cuenta, como si de una terapia se tratase, su caso.
Al incinerar un cuerpo, este no se quema por completo. Los restos pasan por una triturado y por un proceso de imantado para retirar los residuos que puedan quedar del féretro. “Hay quien ha abierto las ánforas y han encontrado clavos y grapas. Otra señora dice que nunca recuperaron la prótesis de titanio de un familiar suyo”. Otros testimonios hablan de que se quemaban cuerpos de forma masiva, de dos en dos, de tres en tres.
Plataforma de afectados
Hace unas semanas, en un hotel de Valladolid, dos bufetes de abogados reunieron a un puñado de afectados el viernes. A otros el sábado. Y más el domingo. El equipo de letrados eran los de Castellana 266 y Bárbara Royo Abogados. Poco a poco les explicaron los pasos que se darían.
La plataforma se presentó como acusación popular. Los afectados ya lo están como particulares. Se esperan semanas, incluso meses, difíciles para quienes tienen que recordar, y ponerse en situación, los momentos más difíciles de la vida. Del final de la misma.
“Tenemos casos escandalosos. Madres a las que se les murió el hijo con 25 años y están teniendo que repetir ese episodio de su vida. Gente con tratamiento psicológico y bajas médicas”, dicen los abogados para excusar a quienes no se quieren exponer al foco mediático.
Rebaja de la fianza
La investigación la está llevando el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid. Las últimas novedades del caso son que el magistrado instructor ha rebajado de 800.000 a 400.000 euros la fianza impuesta a la hija del dueño, que se encuentra en prisión al igual que su padre y un hermano, según publicaba Efe esta viernes.
Los 16 investigados, de los que solo están en prisión el dueño de la funeraria y dos de sus hijos, lo son en unas diligencias abiertas por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.
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