El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el 'caso Lezo', Manuel García-Castellón, ha ordenado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que accedan a los correos "de cualesquiera direcciones de 'email' corporativas del grupo OHL o Villar Mir, cuyo usuario sea Ignacio Martínez Esteban, entre los años 2007 a 2018", según consta en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
OHL es la firma que resultó adjudicataria, por parte de la Comunidad de Madrid, de la obra y explotación del tren entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero, por la que presuntamente el cabecilla de la trama Lezo, Ignacio González, habría pactado una mordida de 1,4 millones de euros.
E Ignacio Martínez Esteban, directivo del Área Económico-Financiera de la constructora, era uno de los encargados de las gestiones vinculadas a la obra. Martínez Esteban declaró hace varias semanas, y fue interrogado por sus relaciones con los imputados en la causa.
Además, el instructor se dirige en el auto a este directivo para que entregue "de forma inmediata su ordenador de uso personal y profesional a los agentes de dicha unidad, apercibiéndole que podría incurrir en responsabilidades penales en caso de incumplimiento", especifica la resolución, dictada el pasado 14 de febrero.
De la Joya
El empresario Adrián de la Joya reconoció al juez que su banco en Suiza recibió un pago de 1,4 millones de euros por parte de OHL, que supuestamente le dijo que ese dinero debía entregárselo a Ignacio González en relación al proyecto del tren de Navalcarnero. Sin embargo, también dijo que se quedó ese dinero, ya que OHL tenía deudas con él por otros negocios conjuntos.
Asimismo, la Fiscalía también investiga si ex secretario general del PP madrileño y exconsejero de Presidencia de la Comunidad madrileña Francisco Granados cobró junto al excargo de Esperanza Aguirre, Jesús Trabada, ha cobrado una mordida por no imponer una multa a OHL, según consta en el interrogatorio del propio Trabada, cuyo contenido adelantó Vozpópuli.
Precisamente, este martes comparecerán en la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP el propio Granados, y su antiguo socio el constructor David Marjaliza. Ambos son considerados los presuntos cabecillas de la red 'Púnica', aunque en el caso de Marjaliza éste ha colaborado con la Justicia.
Cristina Cifuentes
La cita de Granados en el Congreso se produce después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid suspendiera la comparecencia de Granados por la querella que interpuso contra él la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, porque la Policía no le ha localizado en su domicilio para entregarle la citación judicial.
El magistrado ha aplazado la declaración de Granados en calidad de investigado por la querella que presentó contra él Cifuentes por injurias y calumnias tras su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que investiga la trama 'Púnica'.
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