La Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid de archivar una querella contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), Fernando Simón. En el marco de su acusación, ha entregado a la juez un pre-informe pericial con el que acredita que "la manifestación de Madrid [en referencia al 8-M] fue causante de al menos 1.500 contagios" de coronavirus.
Según consta en el recurso, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la acusación popular ha contratado los servicios de dos peritos especialistas en análisis de big data. Su pre-informe, "basado en datos actuales que no son los definitivos", pretende "mostrar al tribunal cuáles son los métodos de investigación para determinar el número mínimo de víctimas producidas por un evento masivo como el 8-M".
Los analistas, que no son médicos ni epidemiólogos, han asegurado haber sido "conservadores" al evaluar los datos "con los valores mínimos del intervalo de confianza con los que debiera analizarse este supuesto". "Sumando todos los contagiados entre los días 8 y 9 de marzo, tenemos un total de 5.758, de los que 1.500 se pudieron contagiar en la manifestación (...). Esto supone que la manifestación del 8-M fue la causa del 25% de contagios que se produjeron ese día", han precisado tras explicar la metodología empleada para llegar a esos cálculos.
Según han explicado en el informe de 13 folios, han utilizado un modelo matemático que "evalúa con mayor precisión el impacto de la gestión de la pandemia por parte de las autoridades y el efecto que se hubiera producido si se hubieran tomado medidas con anterioridad". Han insistido en el hecho de que trabajaron con la información facilitada a la causa por el CCAES y la Delegación del Gobierno de Madrid.
"Podemos saber el número mínimo de víctimas"
El recurso de la asociación tiene lugar después de que la juez Mónica Aguirre archivara las diligencias contra Simón por un presunto delito de imprudencia temeraria. La magistrada alegó que "al desconocerse la identidad de los ofendidos, no puede determinarse si la causa de los contagios por covid-19 (...) derivó de la propagación de virus con motivo de la celebración de los eventos masivos que se mencionan, o de la falta de utilización de material de protección al tratarse de personal sanitario, o miembros de colectivos vulnerables en función de las tareas asignadas".
La asociación ha insistido en su acusación. Han subrayado que el hecho de que se desconozca la identidad de las personas víctimas no permite deducir que no existan o que no se pueda averiguar su número. "No podremos saber la identidad de las víctimas de los delitos, pero sí podemos saber el número mínimo de víctimas causadas como resultado de las negligencias de los querellados, siendo éste el resultado del delito imputado", han señalado en el escrito presentado este martes.
En este sentido, han asegurado al juzgado que, según su informe preliminar "y basado solo en cifras oficiales, la manifestación de Madrid fue la causante al menos de 1.500 contagios". A su juicio, estas personas habrían actuado "como un semillero del virus en los hogares, lugares de trabajo, gimnasios, bares, metro, autobuses y demás lugares de socialización".
"Estudio pormenorizado"
Según han avisado en el escrito, "un estudio más pormenorizado encargado por esta parte a los referidos expertos, elaborado con tiempo suficiente y con parámetros más exactos provenientes del Registro Civil, o de fuentes de expertos internacionales como la OMS o el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, determinará con exactitud el número de víctimas por la patología denominada covid-19". Dicho informe, han precisado, será aportado y establecerá el "número mínimo de víctimas de las omisiones de los querellados (...) y por tanto de los sujetos pasivos de la querella y la relación causal entre las omisiones de los querellados y la patología que causó la muerte o la enfermedad crítica a estas víctimas".
La acusación ha considerado que con la entrega de este nuevo informe se supera el problema jurídico planteado en el auto de archivo. Y ha subrayado que "existen indicios suficientes para continuar la instrucción" al poder conocerse que el delito de imprudencia temeraria "puede ser acotado mediante un número mínimo de víctimas causados por una imprudencia punible, aunque no puedan ser identificados".
Desde la asociación consideran que Simón incumplió sus funciones al "omitir informar puntualmente al Gobierno de las medidas a adoptar según las recomendaciones de los expertos de organismos internacionales". Sostienen que de su actuación se desprende que España "retrasara en tomar medidas de distanciamiento social hasta el 14 de marzo".
