Cerca de 300 embarcaciones intervenidas por las fuerzas de seguridad en Islas Canarias a los traficantes de seres humanos y a los ‘narcos’ se acumulan a la espera de su destrucción. La acumulación del material supone un "grave problema de seguridad", según un informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, incorporado al expediente de licitación para delegar la eliminación de las pateras y de las lanchas en una empresa especializada.
Según detalla el CITCO, la llegada de embarcaciones de forma ilegal a las Islas Canarias utilizadas en delitos contra el tráfico de drogas y el crimen organizado -principalmente para la inmigración ilegal- está generando "un problema de almacenamiento, custodia y destrucción de este tipo de medios de navegación".
El problema surge a partir de las embarcaciones intervenidas o abandonadas en el marco de actuaciones policiales contra los traficantes de seres humanos o estupefacientes en zonas próximas a la costa. Al carecer de valor y no poder incorporarlas al Patrimonio de la Administración General del Estado, las embarcaciones se acumulan en puertos, playas y costas.
De acuerdo a los datos arrojados en el informe, en la actualidad hay cerca de 300 embarcaciones pendientes de ser destruidas. Esa saturación no solo supone "perjuicios tanto al tráfico marítimo interinsular como al medio ambiente", sino también un "grave problema de seguridad", tanto por el material acumulado como por el destino de recursos humanos para su salvaguarda, en detrimento de otras actividades.
"Actualmente el depósito de las mencionadas embarcaciones intervenidas suponen un grave problema de seguridad, por lo que es necesario recogerlas de las instalaciones o depósitos habilitados para tal fin por las Autoridades correspondientes, y una vez obtenidas las autorizaciones judiciales o administrativas necesarias, llevarlas al punto de destrucción para proceder a su eliminación definitiva", indica el CITCO.
Aumento de llegada de embarcaciones
Una destrucción que tendrá que llevarse a cabo mediante el adecuado tratamiento de los materiales que componen las embarcaciones, atendiendo al "método de eliminación que legal o reglamentariamente corresponda según la normativa española".
El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado considera que la eliminación de las 300 embarcaciones acumuladas supondrá un desembolso próximo a los 64.000 euros, impuestos incluidos. En concreto, la destrucción de embarcaciones de madera de hasta seis metros se pagará a 540 o 630 euros, con un suplemento de 36 euros por metro adicional. Las de fibra se abonarán a 720 o 810 euros por unidad, siempre que no superen los seis metros; en caso de hacerlo, el suplemento por cada metro será de 45 euros.
"El servicio de destrucción de la embarcación, incluye el traslado con medios del adjudicatario desde el lugar donde se encuentre depositada la embarcación hasta el punto donde se vaya a llevar a cabo dicha destrucción -detalla el pliego de condiciones-. La destrucción debe realizarse mediante cualquier método legalmente autorizado que impida su reutilización posterior".
En el primer semestre del año, pese a los nuevos acuerdos de colaboración suscritos entre Madrid y Rabat en materia de cooperación migratoria y de seguridad, 212 embarcaciones destinadas al tráfico ilegal de seres humanos llegaron a las costas canarias, lo que supone un aumento del 6% respecto al año anterior. O lo que es lo mismo, 9.589 personas, 2.000 más que en el primer semestre de 2021.
La falta de medios propios hace que todas esas embarcaciones, sumadas a las intervenidas a los traficantes de estupefacientes, se acumulen en dependencias de Tenerife o Gran Canaria. "El CITCO ha desarrollado a lo largo de los años una gran capacidad y experiencia en la destrucción de bienes incautados con ocasión de la comisión de delitos -justifica el informe-. La finalidad de este contrato de servicios es aportar una ayuda a la solución del problema, ya que la resolución total necesitaría de una disponibilidad presupuestaria mayor".
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