El informe de la Policía sobre el agujero de 600 millones de euros en la construcción de la planta desaladora de Escombreras sigue sin llegar a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, según explicaron a Vozpópuli fuentes del caso, que aseguran que esta situación supone un importante contratiempo para la instrucción.
Esta redacción se ha puesto en contacto con la Dirección General de la Policía, que ha declinado hacer cualquier aclaración al respecto, alegando que la UDEF sólo tiene que dar explicaciones a la instructora, si así lo requiriera. Además, recuerdan que los procedimientos son secretos.
Sin embargo, fuentes del caso explican que el informe policial, que debe analizar el contenido de la documentación requisada a los implicados, tendría que estar a disposición de la jueza antes de que se lleven a cabo los interrogatorios de los imputados, que un año después de los registros todavía no han sido citados por el juzgado.
El caso se inició tras la denuncia interpuesta por el entonces fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, que ahora es el fiscal superior de la Región de Murcia en sustitución de Manuel López Bernal.
Tras aceptar a trámite el caso, la jueza ordenó el registro de la propia planta desaladora, construida por una filial de ACS, propiedad de Florentino Pérez, y el despacho de un abogado.
Según La Verdad de Murcia, se trata del letrado Andrés Arnaldos, que habría desarrollado un papel relevante en las operaciones, ya que trabajó para las sociedades que pusieron en marcha la desalinizadora y más tarde ejerció como secretario de la planta de Escombreras, la empresa pública que se hizo cargo de la explotación del agua.
Falta de medios
Precisamente, el propio Díaz Manzanera admitió el pasado 6 de julio, en declaraciones a Onda Regional de Murcia recogidas por el diario La Opinión de Murcia, un excesivo retraso en la resolución de los procedimientos sobre corrupción abiertos en la región murciana.
Entre estos expedientes que han sufrido retrasos incluyó el de la desaladora de Escombreras, que se está dilatando por culpa, dijo Díaz Manzanera, de la escasez de recursos que sufre la Fiscalía.
Además, el Ministerio Público ha sufrido varios ataques en esta Comunidad. En concreto, el propio López Bernal fue objeto de una querella, mientras que el fiscal delegado de Anticorrupción en Murcia, Juan Pablo Lozano, padeció dos robos en su vivienda. Y en uno de ellos le sustrajeron su ordenador, en el que tenía una parte de los sumarios de varios procedimientos, algunos de ellos secretos.
El Gobierno de Murcia paga un alquiler anual de 16 millones de euros, y además podría verse obligado a abonar 600 millones de euros a ACS
El Gobierno de la Región de Murcia paga un alquiler anual de 16 millones de euros, y además podría verse obligado a abonar 600 millones de euros a la empresa ACS, de Florentino Pérez, cuya situación, según el Tribunal de Cuentas, es insostenible.
La construcción de la planta desaladora de Escombreras fue promovida desde 2005 por el Gobierno murciano, entonces encabezado por el hoy eurodiputado del PP Ramón Luis Valcárcel, con la intención de evitar un parón en la construcción por la falta de agua para las urbanizaciones.
En esas fechas, el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por la socialista Cristina Narbona, obligaba a los constructores a justificar la existencia de recursos hídricos suficientes para permitir la edificación. Y ese permiso lo emitían las diferentes confederaciones hidrográficas.
450.000 viviendas
Las confederaciones hidrográficas del Segura y del Júcar habían firmado, en diciembre de 2005, resoluciones desfavorables sobre la disponibilidad y la existencia de los recursos hídricos necesarios para el abastecimiento de cerca de 450.000 viviendas previstas en cerca de 50 municipios de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, Murcia y Almería, según se desprende de los informes realizados tras la modificación de la Ley de Aguas.
En el caso de la Región de Murcia y el sur de Alicante, el entonces comisario de Aguas de la Confederación del Segura (CHS), Manuel Aldeguer, rechazó dar el visto bueno a miles de viviendas de estas dos Comunidades Autónomas.
Ramón Luis Valcárcel
Y fue entonces cuando el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel creó un Ente Regional del Agua, que se encargó de la construcción de una planta desaladora en Escombreras (Cartagena) que tenía como finalidad suministrar agua a todas las viviendas promovidas en el Campo de Cartagena.
El Gobierno de Valcárcel inauguró en dos ocasiones la planta, la primera de ellas en abril de 2007, en vísperas de las elecciones autonómicas del mismo año, y cuando la desaladora no tenía conexión al mar, adjudicó la construcción a dos empresas del grupo ACS, de Florentino Pérez.
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