El sobrecoste se ha generado porque la facturación que lleva a cabo Ineco cada vez que realiza los trabajos de un contrato para empresas como Aena, Renfe y Adif es muy superior al sueldo que perciben funcionarios con la misma formación y características que los trabajadores de Ineco.

Según los datos a los que ha podido acceder Vozpópuli, un funcionario con categoría de ingeniero del Estado con tres años de experiencia supone un coste total para las arcas públicas de unos 42.000 euros al año. Un ingeniero de Ineco con la misma categoría factura aproximadamente 79.000 euros anuales, un 88% más. Y todo porque es el propio consejo de administración de Ineco el que fija la cantidad que factura a las empresas públicas por servicio.

En concreto, la Orden Directa del Ministerio de Fomento FOM/3806/2008 de 18 de diciembre estipula que será Ineco la que fije sus tarifas, previa verificación y aprobación del Departamento que por entonces dirigía Magdalena Álvarez.

En el consejo de administración de Ineco, presidido por el ex secretario de Estado de Energía Ignasi Nieto, figuran como miembros destacados el presidente de Aena, Juan Ignacio Lema, el presidente de Renfe, Teófilo Serrano, el director ejecutivo de Red Convencional de Adif, Luis López Ruiz y el director de Aeropuertos Españoles, Javier Marín San Andrés.

Es decir, que aquéllos que fijan las tarifas de los servicios de Ineco son los mismos que contratan esos servicios, con un evidente sobrecoste, con unos contratos adjudicados, en la mayoría de los casos, sin previa licitación. Mientras que Ineco puede presumir de unos resultados saneados, las cuentas de Aena, Renfe y Adif presentan balances significativamente mejorables. El gestor aeroportuario público presenta una cifra de deuda que se aproxima a los 13.000 millones de euros.

Por otro lado, las ingenierías y consultoras privadas han manifestado en numerosas oportunidades sus quejas sobre lo que, a su juicio, constituye un claro caso de competencia desleal, por cuanto Ineco tiene asegurado un volumen de trabajo por la posibilidad que le permite la legislación de acceder a contratos sin previa licitación y también por realizar evaluaciones que están cerradas y exclusivamente destinadas a sus trabajadores.

En línea con lo que ha sucedido en Renfe y Adif, Ineco también constituye una suerte de “cementerio de elefantes”, al que acceden antiguos cargos de las mencionadas empresas públicas, que han dejado de pertenecer a éstas pero que siguen de este modo percibiendo un salario proveniente de las arcas públicas.