Dos figuras han sacudido el panorama político y judicial en España en los últimos meses: el exjefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, detenido en Madrid el pasado mes de septiembre, y el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado en un hospital logroñés el pasado verano. El primero es uno de los hombres más buscados por Estados Unidos, que reclama su extradición para afrontar un juicio por diversos cargos relacionados con el tráfico de armas y de drogas. El segundo es la cabeza visible de uno de los enemigos declarados del reino alauí. Y la presencia de uno y otro en nuestro país han desatado sendos procesos judiciales que aún se mantienen abiertos. La oposición del Gobierno viene registrando en los últimos meses una batería de preguntas parlamentarias para aclarar la situación de Ghali y Carvajal, pero Moncloa ha esquivado 16 iniciativas amparándose en diferentes argumentos.
Las preguntas parlamentarias se tratan de iniciativas registradas en el Congreso de los Diputados para mantener su acción de control sobre el Gobierno. El Ejecutivo debe responder a todos los requerimientos, que quedan recogidos en el Boletín Oficial de las Cortes de forma periódica. Los nombres de Brahim Ghali y de Hugo Carvajal se han convertido en una constante en los últimos meses, coincidiendo con las diferentes polémicas que rodean a ambos personajes. Representantes del Partido Popular, de Vox y del grupo Mixto -los diputados Pablo Cambronero y Míriam Nogueras- se han interesado en un momento u otro alguno de estos personajes, según ha podido comprobar Vozpópuli a partir de las publicaciones oficiales.
Las respuestas del Gobierno son dispares. En algunos de los casos sí que ofrece datos concretos sobre Brahim Ghali o Hugo Carvajal. Del líder del Frente Polisario, por ejemplo, asegura que entró en España con la documentación a su nombre, extremo que ahora trata de aclarar un juez, quien ya tomó declaración a la exministra de Exteriores Arancha González Laya y ha pedido testificales a altos cargos de su departamento o mandos militares. Otro caso es la respuesta brindada por el Ejecutivo ante las preguntas sobre una posible suspensión de los acuerdos de materia antiterrorista entre Madrid y Rabat a partir de la entrada de Ghali en España, negando la mayor.
El Gobierno también ofrece algunas informaciones relacionadas con el exjefe de inteligencia venezolano. En sus escritos informa de las "gestiones de forma intensiva" que han llevado a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su localización, a partir de una orden de detención vigente, o de cómo la solicitud de asilo de Carvajal "puede afectar" a su extradición a Estados Unidos. También se detalla que desde el Ministerio de Justicia "no se tiene constancia de la comisión de actos delictivos en España por parte de Hugo Armando Carvajal".
Sin información en las respuestas
Sin embargo, hay otras respuestas en las que el Gobierno esquiva las iniciativas de la oposición y evita pronunciarse. Al menos en 16 ocasiones ha recurrido a diferentes argumentos para no ofrecer datos concretos sobre el líder del Frente Polisario o el antiguo jefe de los servicios secretos venezolanos ante las preguntas registradas por los diputados en el Congreso.
En unos casos el Ejecutivo remite a las intervenciones que han hecho los ministros o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, señalando las fechas en las que habrían abordado el asunto, pero sin transmitir la información por escrito. En otros, apunta que se trata de un "procedimiento judicial en curso y sujeto a la obligación de reserva correspondiente" o que la observaciones del Gobierno "podrían interferir en las actuaciones judiciales que se están desarrollando al respecto". También llega a acogerse a la ley de secretos oficiales para no contestar a las preguntas.
Así han esquivado cuestiones sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conocía la entrada de Brahim Ghali en España; la valoración del Ejecutivo sobre si la llegada de inmigrantes a Ceuta por vía irregular guardaba alguna relación con el ingreso hospitalario del líder del Polisario; o la detención y las circunstancias judiciales que acompañan a Hugo Carvajal, quien apuntó en sede judicial que tenía a su alcance información relevante sobre una supuesta financiación irregular de Podemos.
No hay un criterio temporal para que en algunos casos el Gobierno ofrezca información o esgrima estos argumentos. O lo que es lo mismo, es frecuente que en las mismas publicaciones del Boletín Oficial de las Cortes Generales se intercalen unas respuestas en las que el Gobierno utiliza esos argumentos para no dar ninguna explicación con otras en las que sí ofrece datos o valoraciones sobre la situación de Brahim Ghali o de Hugo Carvajal.
Como contó Vozpópuli, el Gobierno afirmó hasta en tres ocasiones por respuestas parlamentarias que Brahim Ghali había entrado en España de forma legal y con su pasaporte personal en la mano. Sin embargo, la declaración ante el juez del general jefe de la base aérea de Zaragoza choca con la versión del Ejecutivo, al admitir que ni los militares ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado presentes en el aeródromo requirieron documentación alguna al líder del Frente Polisario y que siempre actuaron conforme a las órdenes recibidas desde esferas más elevadas.
El Boletín Oficial de las Cortes Generales recoge aún una batería de preguntas de la oposición sobre estos asuntos a las que el Gobierno todavía no ha respondido. Moncloa podrá dar la información requerida por los diputados o bien emplear algunos de los argumentos ya detallados para esquivar las iniciativas parlamentarias.
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