Las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anulan los proyectos lingüísticos de las escuelas públicas Bogatell, de Barcelona, y Josefina Ibánez, de Abrera (Barcelona), por no contemplar el carácter vehicular del castellano han reactivado la guerra entre los partidos independentistas a cuenta de la 'ley Celaá' y la inmersión lingüística.
Justo antes de aprobarse la nueva norma educativa promovida por la ministra Isabel Celaá, PSOE, Unidas Podemos y ERC pactaron in extremis una polémica enmienda transaccional que eliminaba de un plumazo la definición del castellano como "lengua vehicular" en la escuela.
La modificación llevó a los partidos de la oposición a recurrir al Tribunal Constitucional (TC), pero el terremoto político también tuvo repercusión en el otro lado. ERC quiso apuntarse un tanto por haber "blindado" la inmersión lingüística en Cataluña, pero Junts y PDeCAT trataron de rebajar el acuerdo al considerar, en palabras de Laura Borràs, que "no se ha blindado nada, ni se avanza en el reconocimiento de la pluralidad lingüística". Ni siquiera apoyaron la famosa enmienda.
Ahora, a raíz del fallo de los jueces, vuelven a cargar contra los republicanos y han pedido la comparecencia de Celaá en el Congreso de los Diputados "para que dé explicaciones sobre qué acciones va a emprender el Ministerio de Educación para garantizar el modelo de inmersión lingüística en el sistema educativo de Cataluña".
Piden comparecencia de Celaá
La iniciativa fue registrada este martes por el PDeCAT y el diputado Sergi Miquel recordó que "nosotros ya advertimos que la Ley Celaá –que pactaron PSOE, Unidas Podemos y ERC– no blinda el modelo de inmersión lingüística, y por este motivo nos parece un escándalo la gestión que han hecho algunos partidos y el Departamento de Educación".
"Queremos que la ministra explique cómo va a proteger el modelo de escuela catalana si una sentencia del TSJC dice que la Lomloe no tiene valor alguno para hacerlo", apuntó.
El portavoz de estos en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha visto empujado a calmar los ánimos ante las críticas. "La Lomloe no fija cuotas de castellano. Blinda el catalán como lengua vehicular. El TSJC hace lo que siempre ha hecho: anticatalanismo. El Tribunal Constitucional no impugna la inmersión. El Gobierno continuará aplicando la Ley Educativa Catalana. El resto es intoxicación", defiende Rufián.
"Churchill decía que podías engañar mucha gente durante poco tiempo y a poca gente durante mucho tiempo, pero nunca a mucha gente durante mucho tiempo. Está claro que no te conocía a ti, Gabriel Rufián. Las cosas como son: en eso eres bueno", responde el abogado Josep Rosell i Fossas. Otro usuario de las redes sociales añade: "Sí, sí, eso se lo dices a los dos colegios que tienen que cumplir con la decisión del TSJC. Trilero".
El fallo contra el modelo de inmersión
Las escuelas públicas objeto de las denuncias no contemplaban el carácter vehicular del castellano como lengua oficial, junto con el catalán, lo que llevó a algunos padres a llevar el asunto a los tribunales. Los fallos del TSJC, a los que tuvo acceso Vozpópuli, reiteran que "es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares".
Las históricas sentencias no solo obligan a dar más clase en esta lengua en el aula de los padres que lo piden, sino que extienden la exigencia a todo el centro
Los jueces reconocen a los denunciantes "el derecho de sus hijos menores a recibir, durante su enseñanza obligatoria, junto con sus condiscípulos, en el centro y curso en el que sigan sus estudios, una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, en proporción razonable".
Al menos un 25% de la enseñanza ha de impartirse en castellano. Las históricas sentencias no solo obligan a dar más clase en esta lengua en el aula de los padres que lo piden, sino que extienden la exigencia a todo el centro en su conjunto.
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