El pasado mes de noviembre, un contingente de 96 inmigrantes subsaharianos, de los miles llegados en patera a las costas canarias durante los últimos meses, fue trasladado al municipio alicantino de Alfaz del Pi. Los inmigrantes, de procedencia gambiana, acabaron alojados en el hotel Europa de esta población situada a pocos kilómetros de Benidorm. Transcurridos algo más de seis meses, el establecimiento continúa acogiendo al menos a medio centenar de aquellos desplazados tras no lograr las entidades colaboradoras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones distribuirlos en otros tres hoteles de la capital de la Costa Blanca alicantina en un momento en que se abría la campaña del Imserso, esencial para la cuenta de resultados anual de la planta hotelera de Benidorm. De nada sirvió que la Administración ofreciera abonar 37 euros diarios por el alojamiento de cada inmigrante frente a los 26 con que subvenciona la estancia diaria de cada jubilado que se acoge al programa vacacional diseñado para los mayores por otro Ministerio, el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El periodo inicial de tres meses en que quedó fijada la estancia de los trasladados se ha ido ya por encima del medio año. Ahora, la inminencia de la temporada de verano ha vuelto a poner el foco sobre los realojos de los subsaharianos llegados desde Canarias a esta y otras zonas de litoral peninsular que tienen en el turismo su principal fuente de ingresos.
Cerrojazo informativo de las autoridades municipales
Transcurrido este tiempo, los alrededor de cincuenta gambianos que aún pernoctan en el hotel alfasino han adquirido la rutina de pasar largos ratos jugando al fútbol en la playa de El Albir, atestada de turistas en los meses estivales; también reciben regularmente clases de español y pululan de forma recurrente por las calles de esta pedanía costera de Alfaz en la que se concentran decenas de hoteles, restaurantes, locales de ocio y apartamentos llenos hasta la bandera.
Un episodio reciente encendió las alarmas sobre las condiciones de salubridad en que viven los inmigrantes, entre los que se declaró un brote de tuberculosis de alcance desconocido ante la opacidad decretada por las autoridades municipales. Según ha podido saber Vozpópuli, al menos una trabajadora encargada de la atención de los immigrantes resultó contagiada.
Sobre las condiciones de vida del contigente hay un manto de silencio. El Ayuntamiento de Alfaz del Pi, gobernado por el PSOE, ha decretado un cerrojazo informativo con la excusa de que la atención a estas personas ha sido delegada por el Estado en las entidades no lucrativas que colaboran con el Ministerio que dirige Elma Saiz.
En este sentido, testimonios recabados por este periódico entre vecinos y turistas del lugar aseguran que, pese a que las ONG tratan de que pasen inadvertidos, "se les ve en grupos en la puerta del hotel, en los arcenes de la carretera entre Alfaz y El Albir, y sobre todo en una parte de la playa que han convertido en su parcela particular". Allí organizan partidos de fútbol, o simplemente a pasan el rato hasta que los voluntarios encargados de su custodia los conducen de nuevo al hotel al final de la jornada.
Ya el pasado mes de noviembre dijimos que el Ejecutivo estaba gestionando este asunto por la puerta de atrás, con un oscurantismo nunca visto. Hoy, nada ha cambiado y el sector sigue tan apartado y desinformado por parte del Gobierno como entonces Hoteleros de la Costa Blanca
Los hoteleros de la zona temen que la estancia de los realojados se "cronifique" y acabe por "espantar al turismo". Del mismo modo, su preocupación pasa por que se les tome "por insolidarios, pero ya el pasado mes de noviembre dijimos que el Ejecutivo estaba gestionando este asunto por la puerta de atrás, con un oscurantismo nunca visto". Seis meses después, aseguran que "nada ha cambiado" y el sector turístico local "sigue tan apartado y desinformado por parte del Gobierno central" como denunció entonces en un comunicado Hosbec, la patronal hotelera de la Costa Blanca.
Como informó Vozpópuli, el Gobierno ha llegado a pagar por estos alojamientos en hoteles y hostales hasta 49 euros por día. No obstante, el mayor importe lo generaron los traslados: por cada viaje en avión la cantidad abonada ascendió hasta los 240 euros. El precio también se incrementaba si los inmigrantes llegados en patera al litoral canario eran acogidos en las grandes ciudades: en este caso el abono se situaba en los 163 euros por persona y día. La atención en costas en las propias islas escalaba hasta los 208 euros y la atención sociosanitaria CETI suponía un coste de 350 euros por inmigrante.
