Los sindicatos de la Inspección de Trabajo (CIG, CSIF, Usess, SITSS, Sislass, UGT y UPIT) han suspendido la primera huelga indefinida de la historia del sector por la "politización" e "instrumentalización" realizada por parte del Gobierno, así lo han comunicado este martes los representantes sindicales.
"Han jugado con nosotros y nos ha mentido hasta el último momento, por lo que ya no es un interlocutor válido ni serio para negociar. Por eso, ponemos fin a la huelga hasta que haya un Gobierno con el sentarse y negociar la aprobación definitiva de los acuerdos firmados en 2021", han sentenciado en un comunicado.
Los sindicatos convocantes -CIG, CSIF, Usess, SITSS, Sislass, UGT y Upit-, así como CCOO, que se descolgó de la convocatoria a finales de la pasada semana, vienen denunciando desde hace más de un mes el uso político del conflicto por el cruce de acusaciones entre el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda y Función Pública.
"El Gobierno de España ha instrumentalizado a la Inspección de Trabajo, cuando somos un servicio público que llevamos desde 1906 trabajando para velar por los derechos de los trabajadores. No han tenido ni buena fe, ni transparencia", denuncian los sindicatos que convocaron la huelga en el comunicado en el que anuncian el fin de la misma.
En dicho comunicado, los sindicatos acusan al Ministerio de Hacienda y Función Pública de "falta de intención" para cumplir con el plan de refuerzo de la ITSS, ante lo que han decidido terminar con la huelga.
Esta misma mañana, los sindicatos se habían concentrado ante la sede de Función Pública en la madrileña calle de Santa Engracia para exigir al Gobierno el cumplimiento del Plan Estratégico para el ITSS, aprobado en 2021, así como el compromiso de abril de 2022 de poner en marcha de manera inmediata la reforma de la Inspección de Trabajo.
Los sindicatos tenían la vista puesta en la reunión pendiente de la ejecutiva de la comisión interterritorial de retribuciones (Cecir), que en última instancia tendría que aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) que exigen las centrales y aprobó el Gobierno.
Sin embargo, Función Pública asegura que se trata de una reunión ordinaria en la que "no se prevé ninguna decisión en lo relacionado con la Inspección (de Trabajo)".
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