El Gobierno ha abierto las puertas a un cambio drástico en el modelo policial en España, pactando con EH Bildu la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza; entre otros, se contempla la prohibición del uso de pelotas de goma y la rebaja de las infracciones por desobediencia a la autoridad. En pleno debate político, los agentes -a través de sindicatos policiales- han recuperado su reivindicación de incorporar cámaras unipersonales como material de dotación, asegurando que es el método más eficaz para demostrar la transparencia en sus actuaciones.
Según ha podido saber Vozpópuli a través de documentación oficial, la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía acaba de adjudicar a Telefónica Ingeniería de Seguridad un contrato por valor de 10,3 millones de euros, impuestos incluidos, para la adquisición de dispositivos de grabación unipersonal -DGU- de imagen y sonido, así como el software de gestión y configuración, y accesorios para la Policía Nacional.
El documento del acta de resolución lleva la firma del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y está rubricado este mismo martes, 8 de octubre. No obstante, atiende a una resolución interna del Ministerio del Interior que se aprobó hace medio año, el pasado 7 de abril.
De acuerdo a la información adjunta en los pliegos del contrato, la Policía tramitó el expediente mediante el método de "negociado sin publicidad"; o lo que es lo mismo, invitando directamente a varias empresas del sector a presentar sus ofertas económicas. Telefónica Ingeniería de Seguridad fue la única que atendió a la invitación, por un importe de 8.583.025 euros (10.385.460,25 euros, si se tienen en cuenta impuestos).
En la documentación no se especifica el número de dispositivos que se suministrará a la Policía ni más detalles sobre el suministro del material.
Reivindicación policial
La dotación de cámaras unipersonales para los agentes de la Policía Nacional siempre ha sido una reclamación reiterada de los diferentes sindicatos del Cuerpo. El uso de los dispositivos de grabación unipersonal (DGU) fue aprobado en el verano de 2022 en un protocolo emitido por la Dirección General. Las grabaciones son claves en muchos de los juicios a los que se enfrentan estos funcionarios.
Uno de los últimos sucesos que sirvió para alzar la voz sobre esta petición fue la intervención la pasada primavera en el barrio de Lavapiés
Uno de los últimos sucesos que sirvió para alzar la voz sobre esta petición fue la intervención la pasada primavera en el barrio de Lavapiés, que fue tildada de "racista" y "violenta" por determinados representantes políticos. El sindicato Jupol destaca que el uso de esta cámara propicia que las actuaciones quedan grabadas de "principio a fin" y con ello se evitarían bulos o especulaciones en redes sociales.
En la misma línea, el Sindicato Unificado de Policías (SUP) considera que una "imagen vale más que mil palabras" y destacaron que existe la necesidad de "reformar y armonizar las leyes que regulan los DGU". Todo ello para que los agentes cuenten con una normativa jurídica que respalden estas grabaciones.
Y es que son muchos los agentes que han tenido que comprar de su bolsillo estas cámaras para desarrollar sus funciones, principalmente del área de Seguridad Ciudadana. Muchas de estas grabaciones luego se presentan como pruebas de sus intervenciones en sede judicial.
La pérdida del principio de autoridad y las agresiones de las que son objeto los policías en los últimos tiempos es una muestra más de la importancia de esta herramientas en los procesos de los delitos relacionados con los atentados contra agentes del orden.
