Interior pide a la Abogacía del Estado que investigue si el acuerdo SUP-Desokupa afecta a sus subvenciones públicas

Nuevo episodio en el acuerdo entre el SUP y Desokupa para la formación de hasta 30.000 agentes en materia de defensa personal: el Ministerio del Interior ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado para conocer si el convenio "en cuestión "afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial" y, en su caso, "cuál sería el procedimiento administrativo a seguir para corregir las irregularidades que puedan producirse". Además, la Dirección General de Policía ha abierto un expediente informativo.

Fuentes oficiales del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska afirman que la Dirección General de Policía ha abierto un expediente informativo para analizar el acuerdo alcanzado entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Club Desokupa "tras conocer el contenido de los informes solicitados el pasado 4 de agosto a la Abogacía General del Estado y a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior".

"A través de este procedimiento administrativo, la Dirección General de la Policía recabará toda la información sobre la compatibilidad de los agentes en activo que impartirían la formación extracurricular ofrecida por el sindicato policial a los miembros del cuerpo", añaden desde Interior.

Asimismo, el Ministerio de Marlaska ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado para conocer si el convenio en cuestión afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y, en su caso, "cuál sería el procedimiento administrativo a seguir para corregir las irregularidades que puedan producirse".

Por su parte, el SUP ha emitido un comunicado asegurando que el acuerdo con Desokupa "no implica la utilización de fondos públicos ni subvenciones de ningún tipo". Y añade: "La financiación de este programa formativo es completamente ajena a recursos públicos, no suponiendo coste alguno para nuestro sindicato".

Crisis política

Como contó Vozpópuli, el acuerdo de formación suscrito entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Desokupa ha desatado una tormenta política, entre acusaciones de diversos partidos de "infiltración ultraderechista" en la Policía.

El Ministerio del Interior estudia impugnar dicho acuerdo y asegura que los cursos impartidos no tendrán ningún tipo de homologación, si bien desde el sindicato apuntan en un comunicado que se trata de una "oferta complementaria" en la formación de sus afiliados.

"Sumar no parará hasta acabar con la infiltración ultraderechista en el Estado", apuntan desde la formación dirigida por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha registrado una iniciativa en el Congreso con una batería de preguntas dirigidas a Interior.

Asimismo, Ione Belarra, diputada de Podemos y exministra de Derechos Sociales en la anterior legislatura, ha afirmado en sus redes sociales que "Desokupa es una organización paramilitar que debería estar ilegalizada en España, tal y como hemos propuesto en reiteradas ocasiones en el Congreso": "Esta aberración debería pararla Interior pero, para variar, no hará nada".

A todo ello hay que sumar la petición registrada por ERC exigiendo la comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la Comisión del Interior, de Fernando Grande-Marlaska.