La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias concedió 1.273 terceros grados desde 2018 en contra del criterio de los técnicos que forman parte de las juntas de tratamiento de las cárceles, un hecho que ha denunciado el PP por el "nauseabundo buenismo" del equipo que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Según los datos del Gobierno a una pregunta parlamentaria por escrito realizada por el PP, desde 2018 --Pedro Sánchez asumió el Gobierno a mitad de año-- hasta 2021 se han contabilizado un total de 18.691 concesiones de progresión al tercer grado o régimen abierto contando con propuesta inicial favorable de las juntas de tratamientos.
El PP quería el detalle por años y por tipos delictivos de aquellos casos que habían sido revisados a propuesta del interno debido a que las juntas de tratamientos no habían propuesto cambios en su progresión de grado, en aplicación del artículo 105.2 del Reglamento Penitenciario.
Delitos sexuales y violencia de género
En la estadística, por tanto, aparece reflejado que la Administración Penitenciaria ha progresado al tercer grado a un condenado por delitos contra la libertad sexual y a otros 14 dentro de la tipología de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Asimismo figuran 37 casos de delitos por homicidios y 28 por violencia de género desde 2018.
"Desde que llegó al Ministerio concedieron 18.691 terceros grados, 1.273 en contra de la junta de tratamiento... pero ojo, hasta con delitos sexuales y violencia de género", ha denunciado en su cuenta de Twitter la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, que señala a Grande-Marlaska por ser responsable de una política penitenciaria que tilda de "nauseabundo buenismo".
El titular del Interior ha sido objeto de las críticas por su gestión penitenciaria. Los principales partidos de la oposición y también los sindicatos de prisiones han denunciado este "buenismo", sobre todo después del caso del preso con antecedentes que fue detenido por matar al niño de Lardero (La Rioja) tras encontrarse en libertad condicional por decisión de un juez, y al que, previamente, Prisiones concedió el tercer grado en contra del criterio de la junta de tratamiento.
El pasado 10 de noviembre, Grande-Marlaska explicó en el Congreso que Instituciones Penitenciarias aprobó un tercer grado restringido en este caso concreto, ya que "limitaba" las salidas del interno --en el tramo final de su condena, que se extinguía en 2023-- del Centro de Inserción Social (CIS) para cuestiones relacionadas con asuntos laborales. Meses después, fue un juez el que decidió darle la libertad condicional, sin contar con la oposición de la Fiscalía.
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