El Ministerio del Interior ha dado luz verde al nombramiento de un nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, en plena crisis por la tragedia de la valla por la que la oposición requiere la dimisión de Fernando Grande-Marlaska. La designación ha recaído en el coronel Jesús Vicente Torresano Muñoz, que hasta ahora estaba sin destino. Sustituirá al teniente coronel Arturo Ortega, que ocupaba el puesto de forma interina tras la salida del coronel Antonio Sierras, a quien se nombró consejero de Interior de la Embajada española en Israel.
Según consta en el Boletín Oficial de la Guardia Civil del pasado 18 de noviembre, el Secretario de Estado de Seguridad firma el nombramiento del nuevo jefe de la Comandancia de Melilla. "He tenido a bien destinar, con carácter voluntario, al Coronel de la Guardia Civil, D. Jesús Vicente Torresano Muñoz, en situación de servicio activo sin destino, en comisión de servicio por ascenso en la Plana Mayor Zona de Madrid, para el Mando de la Comandancia de Melilla", reza la resolución firmada por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.
De este modo se pone fin a la interinidad del teniente coronel Arturo Ortega, que lleva cinco meses al frente de la Comandancia de Melilla. Poco después de tomar las riendas de la demarcación, el teniente coronel Ortega vivió una de las mayores crisis de seguridad que se han registrado en Melilla en los últimos años, cuando cerca de 2.000 inmigrantes se lanzaron contra la valla para tratar de alcanzar suelo español. La actuación de la Guardia Civil y la gestión del Ministerio del Interior son objeto de polémica parlamentaria, después de que la oposición y los habituales socios del Gobierno hayan cuestionado la versión ofrecida por Fernando Grande-Marlaska.
De Melilla... al Congreso
Y es que el teniente coronel Ortega también ha tenido que lidiar con toda la controversia derivada de la tragedia. Él fue el encargado de recibir a la delegación de diputados, miembros de la Comisión de Interior del Congreso, que visitaron la valla de Melilla para conocer de primera mano la versión del Instituto Armado de los hechos.
Los representantes parlamentarios visionaron las imágenes grabadas en la valla y negaron la versión que hasta entonces había ofrecido el Ministerio del Interior; en concreto, destacaron que algunos de los episodios más críticos del salto tuvieron lugar en suelo español, tras ceder la valla, y que los gendarmes marroquíes entraron en Melilla para devolver "cuerpos inertes" al reino alauí.
El teniente coronel Ortega, además, viajó este pasado viernes a Madrid para dar explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre la tragedia, al mismo tiempo que se proyectaban a puerta cerrada las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia, del helicóptero de la Guardia Civil y de un dron español que se desplegó durante el operativo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encontraba en Bruselas, con motivo de la reunión de sus homólogos en la Unión Europea.
Al término de la jornada del viernes, los diputados que vieron las imágenes censuraron en su mayoría las explicaciones ofrecidas hasta la fecha por el ministro del Interior. Ana Vázquez, del Partido Popular, insistió en que las grabaciones contradecían la versión oficial de Marlaska, mientras que los socios habituales del Ejecutivo -Jon Iñárritu, de EH Bildu, o Enrique Santiago, de Unidas Podemos- arremetieron contra la Guardia Civil y pidieron que se aclarase si hubo muertos en territorio español.
Por su parte, el ministro del Interior arremetió desde Bruselas contra las críticas recibidas por parte de los diputados. A su juicio, la visión de estos se debe a "interpretaciones sesgadas y subjetivas": "Me llama la atención que tras tanto interés, hayan reducido ocho horas de grabación a un tercio [en referencia a las imágenes vistas en el Congreso]".
Con todo, Fiscalía General y Defensor del Pueblo mantienen abiertas sus investigaciones para tratar de determinar lo sucedido en la valla de Melilla. Por el momento no hay conclusiones en torno a la primera, que solicitó el envío de más imágenes de la tragedia; el segundo también requirió más vídeos, pero en su informe preliminar ya advirtió de que se pudieron violar los derechos de los 470 inmigrantes que se devolvieron a territorio marroquí.
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