El Ministerio del Interior ha reducido a diez los pasos fronterizos cerrados del total de 37 que existen con Francia, a quien responsabiliza de tomar una decisión sobre controles interiores que respeta pero sobre la que ha mostrado su "profundo desacuerdo". El PNV, por su parte, le ha urgido a dar una solución para la reapertura total, ya que afecta a los trabajadores transfronterizos y también a la economía local, así como al ocio y la cultura.
Como ocurrió en marzo, el PNV ha vuelto a pedir en el Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que medie ante Francia para la reapertura de pasos fronterizos que el país galo justifica en cuestiones de seguridad interior relacionadas con los flujos migratorios y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, así como por la pandemia de la covid.
Aunque destacando que la medida de restablecer controles está amparada por el acuerdo del Código de Fronteras de Schengen, Grande-Marlaska ha pedido el apoyo del PNV para la próxima negociación en esta materia, de forma que de producirse el cierre de los puestos fronterizos se haga con el visto bueno de los países afectados y no, como ocurre desde 2015, por decisión unilateral del Gobierno francés.
"Libre circulación"
"La libre circulación de personas es uno de los pilares básicos de la Unión Europea", ha sostenido Grande-Marlaska en respuesta a la senadora Almudena Otaola, añadiendo que el Gobierno de España lo que desea es reforzar las fronteras exteriores para blindar la seguridad de los ciudadanos y "limitar" el restablecimiento de controles interiores.
Como novedad, el titular de Interior ha dicho que, en lugar de 19, en la actualidad son 10 los pasos fronterizos con Francia que se mantienen cerrados. El PNV le ha respondido que la situación "es la misma" en la afectación ciudadana ya que se triplica el tiempo y el coste de los traslados al país vecino.
"No es una decisión que hubiera tomado el Gobierno, no la consideramos la más acertada", ha añadido Grande-Marlaska, que ha defendido que los cuerpos policiales tienen capacidad para garantizar la seguridad en la libre circulación de los ciudadanos entre dos países miembros de la Unión Europea.
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