El Congreso de los Diputados cumple con la hoja de ruta de EH Bildu. Después de la cesión de los de Sánchez con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', el Gobierno de coalición cuela por la puerta de atrás una modificación legislativa que supondrá la rebaja de penas de prisión para una cuarentena de presos de ETA. Se trata de la derogación de la disposición adicional de la Ley orgánica 7/2014, una reclamación histórica de los de Otegi, y que, ahora, los socialistas sacan adelante con los votos a favor de PP y Vox, los cuales no podrán frenarla en el Senado.
La estrategia utilizada por el Gobierno no es nueva. Ya en el año 2022, la Asociación de Víctimas del Terrorismo hizo saltar todas las alarmas después de que se diera a conocer en diferentes medios que el Gobierno había incluido en su agenda normativa un plan para con esta figura legislativa que hacía de tapón jurídico para evitar que los presos de ETA, que habían estado encarcelados en Francia, pudieran conmutar los años de pena cumplidos en el país vecino.
En ese momento, el Ministerio del Interior envío una carta a las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo en la que aseguraba que el Gobierno no tenía ningún movimiento legislativo para que las condenas cumplidas por los etarras en Francia fuesen restadas al tiempo que tuvieran que cumplir en España. Según el comunicado, las modificaciones del Anteproyecto de ley "solo afectan al intercambio de información sobre antecedentes penales entre el Registro Central de Penados y las autoridades responsables de los registros nacionales de los Estados miembros".
En consecuencia, "no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea", así respondió Paloma Pérez Cortijo, subdirectora de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (órgano dependiente del ministerio capitaneado por Grande-Marlaska), en un email fechado el 1 de febrero de 2022.
Esta promesa hizo bajar la guardia a las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo que, dos años después, ven como el Gobierno utiliza una reforma legislativa referente a los registros de antecedentes penales y condenas entre países de la Unión Europea, para cumplir la hoja de ruta de EH Bildu, con la que 40 etarras podrán beneficiarse. En concreto, el párrafo incluido en la norma diseñada por el Gobierno de Mariano Rajoy eximía de aplicar la ley a "las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010".
Ahora, la norma aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados, elimina de un plumazo una disposición adicional única que a punto estuvo de no incluirse en la ley impulsada por los populares en 2014. El PP, en su intento de trasladar al marco normativo español lo recogido en dos decisiones marco de la UE, elaboró un texto incompleto, cuyas consecuencias hubiesen sido similares a las promovidas por la actual modificación de la ley. No obstante, el Ejecutivo rectificó a tiempo e incluyó una última enmienda en el Senado que salvó este resquicio legal.
El TEDH avaló la normativa española
Tiempo más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó los tres primeros recursos interpuestos por los etarras Santiago Arróspide Sarasola, alias ‘Santi Potros’; Alberto Plazaola Anduaga, y Francisco Múgica Garmendia, ‘Pakito’, los cuales ya habían cumplido algunos años de condena en Francia. La resolución señaló que "en el momento en que las condenas de los demandantes fueron pronunciadas y después, cuando los demandantes pidieron la acumulación de las penas ya purgadas en Francia, el Derecho español no preveía en un grado razonable que las penas ya cumplidas en Francia se tomarían en cuenta para determinar la duración máxima de prisión de 30 años".
Con ese argumento rechazó los recursos, aunque la sentencia sí reconoció que se había registrado una violación del derecho de acceso a un tribunal a raíz de la inadmisión de los recursos de amparo por el Constitucional. Por esta vulneración sentenció que España debía indemnizar con 2.000 euros a Santi Potros y con 1.000 a los otros dos recurrentes. Estrasburgo avalaba así lo dictado por el Tribunal Supremo y la norma aprobada por España.
Ahora, el PSOE y Sumar vuelven a poner sobre la mesa esta modificación legislativa que, ante los ojos de los de Feijóo y Abascal, ha conseguido eliminar una disposición adicional única elaborada por el propio Partido Popular. Desde Génova achacan lo ocurrido a las "artimañas" y "subterfugios" utilizados por el Gobierno para incluir enmiendas por la puerta de atrás, aunque lo cierto es que, en esta ocasión, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ya alertó en el año 2022 del peligro de una modificación de estas características en la norma.
Presos de ETA que podrán beneficiarse
Por el momento, el PP ha retirado del orden del día del pleno de este martes en el Senado el proyecto de ley e insta al Gobierno que utilice su potestad para desechar esta reforma legal con la que podrían beneficiarse hasta 40 etarras. Si, por el contrario, el Gobierno sigue en la misma línea, la norma será publicada en el BOE en los próximos días. Según fuentes parlamentarias, al no existir ninguna enmienda-veto ni en la Cámara Alta ni en el Congreso por parte de ningún grupo político el texto podrá ser aprobado, únicamente con una mención expresa de que fue rechazada en el Senado.
Entre la lista de los terroristas que se verían beneficiados gracias a la figura incluida por los de Sumar en la Ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso, destaca el histórico dirigente de ETA Xabier García Gaztelu, alias 'Txapote', que podría conseguir su excarcelación en 2025. También podrían hacer uso de la reforma José María Arregui Erostarbe, conocido como 'Fiti', Juan Carlos Iglesias Chuzas, alias 'Gadafi' o José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri', quien fuera máximo responsable del aparato militar de ETA entre 1993 y 1999.
Según detallan fuentes jurídicas, los etarras que quieran beneficiarse de la reforma de la Ley orgánica 7/2014, tendrán que presentar un escrito de manera individualizada en cada uno de los procedimientos judiciales en los que estén inmersos o hayan sido condenados.
