El Ministerio del Interior registró en 2023 un incremento del 31,3% de las denuncias de agresión sexual a menores tutelados respecto al año anterior. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recogieron en sus dependencias un total de 88 avisos por esta modalidad delictiva que va en auge y han propiciado varias operaciones de la Policía Nacional en las que se han liberado a las víctimas y se han detenido a organizaciones criminales que se aprovechan de estos jóvenes.
La actualización de las cifras de esta problemática han sido conocidas por la respuesta parlamentaria a una pregunta de Vox. Los diputados Rocío Aguirre, Blanca Armario y Joaquín Robles solicitaron al Gobierno los datos para conocer a fondo la situación de los centros de menores.
Así, la situación quedó en manos del Ministerio del Interior, por sus competencias, y se aportaron los datos disponibles en el "Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) sobre el número de victimizaciones por agresión sexual a menores sujetos a tutela de las administraciones autonómicas". En 2023 se registraron un total de 88 denuncias, un 31,3% superior a las cifras de 2022 (67).
El año de la pandemia supuso un punto de inflexión en este tipo de delitos. En 2021 se registraron 48 denuncias por las 35 de 2020. Ese fue el último año en el que no se experimentó un incremento de las mismas. En 2019 se investigaron 35 sucesos por los 30 de 2018. Las cifras reflejan que en los últimos años se ha notado un repunte de estos casos en las que se computan agresiones sexuales con y sin penetración y abusos sexuales con y sin penetración, estos últimos hasta octubre de 2022.
El balance recoge los datos de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y Policías Locales. La situación de estas menores ha estado en el epicentro de muchas investigaciones que acaban desmantelado organizaciones criminales dedicadas a explotar a estas menores.
La explotación sexual
La última de ellas se produjo en Asturias. La Policía detuvo a doce personas, dos de ellas en Madrid, por explotar sexualmente a chicas con hombres mayores de edad a cambio de dinero y regalos. Un caso que salió a la luz por las denuncias de las familias que comprobaban como las menores se escapaban de los centros regionales.
Una de ellas interpuso una denuncia formal el pasado 19 de enero que fue respaldada por los trabajadores del centro y por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias. Así se llegó hasta la red que empleaba a niñas de entre 13 y 17 años.
Una situación similar se dio con la organización que explotaba a menores tuteladas por la Comunidad de Madrid en el marco de la 'Operación Sana'. La juez de Instrucción número 8 de Madrid propuso procesar a 24 de los investigados en el marco de una investigación destapada en enero de 2022 contra una presunta trama que prostituía a menores en distritos como Usera o Villaverde.
No todos los detenidos tendrán que responder ante la justicia. Se acordó el levantamiento de las acusaciones para 18 de los 41 investigados, entre ellos, el rapero Saymol Fyly, un conocido 'youtuber' detenido el pasado enero en el marco de la 'Operación Sana' por presuntamente captar a las menores utilizando su música.
Entre los que sí están propuestos se encuentran figuras como Sandy Antonio C.C, apodado 'El Chuky' y miembro de la banda de los Dominican Dont Play, quien fue detenido en 2022 por el asesinato de un joven en Usera. También se encuentra entre los procesados uno de los presuntos cabecillas de la trama: Ronaldo Antonio M.C., alias 'El Kalifa'.
Baleares, Valencia o Madrid
Este tipo de caso se han vivido también en regiones como Baleares, la Comunidad Valenciana y en Canarias. Las ONG critican la falta de recursos y demandan perfiles profesionales concretos para proteger a los menores de las redes de explotación.
En España, la Administración central tiene una función de supervisión sobre estos servicios, pero la gestión depende de cada comunidad autónoma. Todas ellas se rigen por la Ley Orgánica de protección jurídica del menor de 2015, por la reciente LOPIVI y por sus propios desarrollos formativos autonómicos. Para que un menor entre en un centro debe encontrarse en una situación de riesgo o desamparo. La Administración pasa entonces a asumir su tutela durante un tiempo determinado.
Cada región dispone, a su vez, de varios tipos de alojamientos. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, existen centros de primera acogida para procedimientos de urgencia, otros de primera infancia (0 a 6 años) y residencias de menores de 3 a 18 años. También hay hogares y pisos pensados para grupos más pequeños y organizados que intentan generar un ambiente más familiar. Lo ideal para estos menores, según las ONG consultadas, es residir en esta última modalidad de viviendas o en familias de acogida. Hay que destacar, además, que dentro del sistema de centros de cada autonomía hay algunos que son de titularidad pública y otros que están gestionados por entidades privadas y ONG.
Casi 17.000 menores en residencias tuteladas
El sistema público de protección a la infancia atendió en 2020 a 49.171 niños y adolescentes en toda España, según el Ministerio de Derechos Sociales. Ese año, las residencias de menores acogieron a 16.991 personas. Mientras, 18.892 menores fueron recibidos en familias. Las entidades sin ánimo de lucro consultadas por Vozpópuli reconocen que los casos de explotación son puntuales y no pueden generalizarse, pero sí que alertan sobre los defectos y carencias de algunos tipos de centros.
ción.
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