El Ministerio del Interior quita la caseta de seguridad que controlaba los aledaños de la vivienda de Irene Montero y Pablo Iglesias en Galapagar (Madrid) en pleno conflicto con Yolanda Díaz. Según ha sabido Vozpópuli, el dispositivo de seguridad que protegía a la pareja va debilitándose, toda vez que Iglesias ya ha cumplido dos años fuera de la vicepresidencia y Montero ya no es ministra. Las fuentes consultadas explican que los vicepresidentes y los ministros del interior pierden la escolta progresivamente durante dos años desde que finalizan su mandato.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tuvo que crear en mayo de 2020 un fuerte dispositivo de seguridad en La Navata, la urbanización en la que los exdirigentes morados viven. En plena pandemia, ambos sufrieron concentraciones diarias que les hicieron la vida imposible a base de gritos, caceroladas e insultos. La zona, un enclave tranquilo -rodeado de espacios naturales protegidos y bañado por el río Guadarrama- se plagó de policía y de Guardia Civil.
Iglesias denunció la incursión de cuatro personas en los aledaños de su casa “profiriendo insultos y comentarios soeces” de madrugada y que según la versión que dio a la policía, arrojaron objetos al interior de la vivienda. Los agentes no pudieron detener a los alborotadores. Por las calles de la zona residencial, repleta de casas unifamiliares con amplios jardines, era habitual toparse con una patrulla de la Guardia Civil que, subida a un jeep, pasaba cada pocos minutos por la puerta de la vivienda de Iglesias y Montero.
Un dispositivo sin casi precedentes
Justo en la puerta se colocó una garita con dos agentes de la policía nacional que escudriñaban todo lo que pasaba cerca de la vivienda. Esa es la que ahora desaparece. También había coches con agentes de paisano vigilando la zona y algunas vallas dispuestas para poder cortar la calle en caso de que los manifestantes atacaran de nuevo. Estos agentes eran parte del grupo de protección de personalidades que se encarga de los servicios estáticos en los domicilios, según explican fuentes policiales.
Las incursiones de manifestantes, que llegaron a ser hasta 60, según las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estuvieron orquestadas por grupos de extrema derecha y jaleadas, según denunció Podemos, por Miguel Frontera. Iglesias se querelló contra él en julio de 2020 por ser el “organizador” de las concentraciones diarias. Es más, Frontera fue detenido el 12 de junio de aquel año por un supuesto delito contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. El hostigamiento a Podemos se llegó a justificar por haber defendido el escrache como forma de protesta, que los morados circunscribieron a la libertad de expresión.
Los escraches son manifestaciones populares de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la Administración, que se realizan frente a su domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir. El vocablo está importado de Argentina, donde surgió de la mano de las víctimas de la dictadura de los noventa, quienes la emplearon para denunciar la impunidad que blindaba a los militares que reprimieron a los ciudadanos.
La frontera entre acoso y escrache
La justicia prefiere analizar caso por caso para dictaminar si detrás de un escrache hay delito o no, porque entiende que los señalamientos “por sí mismos” no constituyen una infracción. La frontera del acoso, penado con hasta dos años, se cruza si se establecen cuatro supuestos: la vigilancia o persecución de la víctima, el intento de contacto, el uso indebido de datos personales o atentar contra su libertad o su patrimonio. Si no hay indicios de esos comportamientos, prevalece la libertad de manifestación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva sufriendo varias amenazas de seguridad. El clima político está caldeado por la amnistía. Hace menos de un mes, tuvo un incidente en Málaga. Ello, unido a la alerta terrorista de nivel 4 reforzadas provocó que Moncloa activara recientemente un cuarto anillo de seguridad en torno a él y al resto de ministros para blindar al Gobierno.
Así lo contaron a Vozpópuli fuentes próximas al Departamento de Seguridad de Moncloa, el "grupo de seguridad" de Presidencia del Gobierno impulsado en su día por José María Aznar "a imagen y semejanza del existente en Casa Real", que ha visto incrementados sus efectivos de forma escalonada a lo largo de los últimos tres meses: "Desde la vuelta de vacaciones de Sánchez, procedente de Marruecos, se comenzó con el refuerzo, que ha continuado también en estas semanas previas a la investidura". Sánchez y su Gobierno se refuerza en contraposición a Iglesias y Montero.
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