Pedro Sánchez ya ha puesto fecha para su examen en el Congreso de los Diputados. El candidato socialista a la investidura se someterá a la confianza de la Cámara los días 15 y 16 de noviembre, según ha anunciado la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El presidente en funciones da a conocer sus plazos sin haber registrado aún la ley de amnistía, una de las exigencias de los independentistas. No obstante, el grupo socialista ya ha remitido a sus socios el texto.
Está previsto que sea este lunes cuando entre en el registro, aunque todo indica que se está retrasando por las firmas de los grupos proponentes. El PNV, a través de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha denunciado a primera hora que ni conocía el texto ni le habían pedido firma alguna en el documento, que les ha llegado a las 10.10. No sin cierta ironía, Esteban ha asegurado que la iniciativa la puede presentar un solo grupo. Y ha pedido tiempo al PSOE para poder estudiarla. El pleno arrancará el miércoles a las 12.00. Y, salvo sorpresa mayúscula, terminará al día siguiente.
Sánchez necesita la mayoría absoluta en primera votación y logrará 179 votos a favor de todos los grupos excepto del PP, Vox y UPN, que suman 171 escaños. Nada va a frenar a Pedro Sánchez en su afán de amnistiar a los independentistas catalanes para ser investido presidente del Gobierno pese al rechazo masivo de las calles del país, que se llenaron este domingo con cerca de dos millones de personas según el PP -medio millón según el Gobierno- para clamar contra la medida de gracia, que fue revisada punto por punto la semana pasada tras la imputación de Carles Puigdemont por supuestos delitos de terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Democràtic.
Ni una referencia en Málaga
Sánchez no hizo referencia alguna a la amnistía en el Congreso de la Internacional Socialista que se celebró este fin de semana en Málaga. Se limitó a congratularse por haber sido capaz de armar una mayoría que le permita seguir al frente de los mandos del país. Pero su silencio no deja de ser significativo, porque su pacto con los independentistas será observado por las instituciones europeas. El comisario europeo de Justicia ya ha pedido explicaciones al Ejecutivo y espera ansioso conocer en detalle la ley para determinar su incurre o no en una afronta al Estado de Derecho, uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea.
Lo cierto es que el PSOE asume el enorme coste que tiene la medida, aunque en Moncloa esperan que, con el tiempo, pase como con los indultos y los ciudadanos no solo la asimilen y la acepten, sino que vean que ha sido favorable para la convivencia. Pero a casi nadie se le escapa en el partido que Sánchez ha llevado las cosas más lejos que nunca con tal de ser presidente de nuevo. No por casualidad, el PSOE tuvo que aclarar el punto del acuerdo que hace referencia al lawfare, ese anglicismo que denota que la Justicia se mueve por intereses políticos.
Mientras, el PSOE está convencido de que la investidura de Sánchez va a ser “movida” dentro y fuera del Congreso y que habrá protestas en las calles que, previsiblemente, rodearán la Carrera de San Jerónimo. Es más, creen que también se desarrollarán marchas en las principales ciudades del país contra la Ley de Amnistía pactada con los independentistas de ERC y Junts. Eso sí, el presidente en funcioes se ha abstraído de los disturbios durante los últimos días y del tremendo “ruido” político generado por su acuerdo con Carles Puigdemont -con acusaciones hacia su persona lindantes con el “golpismo”-, para dedicarse con su equipo a ultimar el discurso de investidura de más una hora que pronunciará este miércoles y cuya base lleva semanas preparada.
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