El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha abierto unas diligencias para investigar la difusión de un vídeo sexual de una madre de 32 años trabajadora de la fábrica de Iveco de San Fernando de Henares que se quitó la vida el pasado sábado, han informado fuentes jurídicas.
La juez Ana María Gallegos se hizo cargo del caso tras recibir el atestado policial del suicidio, pero ahora investigará también la difusión del vídeo sexual. La Policía investiga si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma por un error la que propagó por primera vez esas imágenes íntimas.
Por tanto, se abren diligencias previas por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197.7 del CP) una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado le han remitido atestado con las diligencias realizadas hasta este momento.
Este órgano judicial, que fue el encargado del levantamiento del cadáver por encontrarse de guardia cuando se produjo el fallecimiento, ha decretado el secreto de las actuaciones.
Este miércoles, la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática pidió un informe a la Policía Nacional para determinar si había relevancia penal en los hechos.
Reforma del Código Penal
Por su parte, la comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de abrió de oficio una investigación. Los agentes están analizando el vídeo que se filtró y comprobando quiénes lo compartieron y si la mujer pudo sufrir acoso por este motivo por parte de algunas personas de la empresa que trabajaba, del grupo Iveco.
De momento, no hay detenidos y se investiga si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma por un error la que propagó por primera vez esas imágenes íntimas.
La mujer, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, estaba preocupada tras la difusión por lo que opinaría su marido, que lo vio el viernes. En ese momento, la mujer padeció una crisis nerviosa. Al día siguiente, se suicidó en su casa de Alcalá de Henares.
Tras la reforma del Código Penal de 2015, a raíz del caso de Olvido Hormigos, se establece una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses al que, "sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona".
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